El bloque de concejales Juntos–Somos Buenos Aires expresó públicamente su preocupación por el funcionamiento de la agencia local de PAMI y reclamó respuestas sobre la atención que reciben sus afiliados en Rauch.
El planteo incluye situaciones concretas. Los concejales señalaron que durante algunas jornadas la oficina no habría atendido al público; reclamaron información actualizada sobre los profesionales disponibles, especialmente en oftalmología; preguntaron por la existencia de turnos y cupos y solicitaron precisiones acerca de las derivaciones para estudios de alta complejidad.
También pidieron conocer por qué algunas prestaciones no pueden resolverse en Rauch o en ciudades cercanas como Azul o Tandil, evitando que las personas mayores deban realizar traslados más extensos. Finalmente, reclamaron información sobre la posible mudanza de la agencia y sobre las razones por las cuales PAMI no habría aceptado un espacio físico alternativo ofrecido por el Municipio, equipado con internet y mejores condiciones para la atención.
No se trata, por lo tanto, de un pedido genérico. Son preguntas que deberían poder recibir respuestas concretas.
¿Qué días y horarios atiende efectivamente la agencia?
¿Qué profesionales integran actualmente la cartilla local?
¿Qué especialidades no cuentan con cobertura en Rauch?
¿Cuántos turnos se encuentran disponibles?
¿Cómo se tramitan las derivaciones?
¿Hacia qué ciudades se deriva a los pacientes?
¿Qué cobertura existe para los traslados?
¿Cuál es la situación edilicia de la oficina?
La información no resolverá por sí sola todos los problemas. Pero sin ella, ni los afiliados, ni sus familias, ni las instituciones locales pueden saber con qué recursos cuentan, qué deben reclamar y ante quién corresponde hacerlo.
UN RECLAMO QUE NO ES NUEVO.
El cuestionamiento actual tiene un antecedente institucional. Durante la primera mitad del año, el Concejo Deliberante aprobó la Comunicación Nº 1690, mediante la cual solicitó respuestas sobre el funcionamiento de PAMI en Rauch, la falta de una sede adecuada, la disponibilidad de profesionales y las dificultades de los afiliados para acceder a determinadas prestaciones.
Esto demuestra que no estamos frente a una inquietud aparecida en los últimos días. El problema ya había ingresado formalmente en la agenda del Concejo.
Una comunicación aprobada permite representar una demanda, darle visibilidad y dirigirla al organismo responsable.
Pero no garantiza, por sí misma, que el pedido sea respondido ni que la situación se modifique.
Como señalamos al analizar la actividad del Concejo Deliberante, es necesario distinguir entre actividad institucional y resultado. El Concejo puede reclamar, gestionar y solicitar explicaciones.
La efectividad de esa intervención depende, finalmente, de que el organismo destinatario responda y adopte las medidas necesarias.
PAMI depende del Estado nacional. El Municipio de Rauch no administra sus prestaciones, no designa a sus profesionales ni controla su cartilla médica. Tampoco el Concejo Deliberante puede resolver directamente las derivaciones o disponer el funcionamiento de la agencia.
Sin embargo, las consecuencias de cualquier deficiencia se producen en el territorio. Afectan a vecinos de Rauch, movilizan a sus familias, generan reclamos ante los concejales y pueden aumentar la demanda sobre el Hospital Municipal y otras áreas locales.
La responsabilidad formal pertenece a un nivel del Estado. El problema concreto aparece en otro.
PAMI DEBE RESPONDER.
Las situaciones descriptas forman parte de un reclamo realizado por un bloque político. Corresponde presentarlas como tales hasta que puedan comprobarse completamente y escuchar la explicación del organismo involucrado.
PAMI y la conducción de su agencia local deben tener la posibilidad de responder, aclarar qué prestaciones se encuentran disponibles, explicar las dificultades existentes e informar qué medidas se están tomando.
Esa respuesta no debilitaría el reclamo ni debería ser entendida como una disputa personal. Permitiría conocer mejor el problema y separar aquello que depende de la oficina local de las decisiones que corresponden a la Unidad de Gestión Local o a la conducción nacional del organismo.
Personalizar toda la discusión en quien se encuentra al frente de una agencia puede ocultar dificultades estructurales: falta de personal, problemas de conectividad, reducción de prestadores, demoras administrativas, decisiones presupuestarias o circuitos de derivación definidos en otros niveles.
Por eso, la respuesta necesaria no consiste solamente en defender o cuestionar a una funcionaria. Consiste en mostrar cómo está funcionando PAMI en Rauch.
RAUCH ENVEJECE.
El reclamo adquiere una importancia mayor cuando se lo relaciona con la estructura demográfica del distrito.
En una columna anterior mostramos que «Rauch se encuentra entre los municipios más envejecidos de la provincia de Buenos Aires» (Rauch Envejece). La edad mediana del distrito llegó a 36 años, frente a los 33 del total provincial. Además, las personas de 65 años o más representan el 16,3% de la población, uno de los quince porcentajes más elevados entre los 135 partidos bonaerenses.
También observamos que Rauch registra 28 personas de 80 años o más por cada 100 habitantes de entre 50 y 64 años. Es un indicador relevante porque permite aproximarnos a la presión potencial que el envejecimiento puede ejercer sobre las familias, las redes de cuidados y las instituciones públicas.
Aquellos datos no describían solamente una transformación demográfica. Constituían una advertencia sobre las decisiones que Rauch deberá tomar.
Una comunidad que envejece necesita adaptar sus políticas de salud, movilidad, vivienda, accesibilidad, cuidados, recreación y acompañamiento social. También necesita organismos de seguridad social que funcionen de manera cercana, previsible y accesible.
Por eso, el conflicto con PAMI no puede ser considerado una cuestión administrativa menor.
En Rauch, su funcionamiento constituye una pieza central de la infraestructura social de la comunidad.
El futuro que describimos, ya comenzó.
LA VEJEZ NO ES UN PROBLEMA.
El envejecimiento suele presentarse desde una mirada negativa: como una carga económica, una presión sobre el sistema sanitario o una dificultad para las familias. Ese enfoque es insuficiente y puede resultar profundamente injusto.
La vejez es una etapa de la vida. Las personas mayores no son objetos de asistencia ni receptores pasivos de ayuda. Son sujetos de derechos.
Tienen derecho a recibir atención adecuada, acceder a información comprensible, conservar su autonomía, obtener respuestas dentro de plazos razonables y no enfrentar obstáculos evitables para acceder a una prestación sanitaria.
La «Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores» reconoce los derechos a la salud, la seguridad social, la accesibilidad, la movilidad personal, la autonomía, la información y la participación comunitaria.
Este cambio de perspectiva es fundamental. Una oficina que no atiende, una cartilla que no permite identificar prestadores o una derivación que nadie puede explicar no son simples molestias administrativas. Pueden convertirse en barreras concretas para el ejercicio de derechos.
La existencia formal de una prestación tampoco garantiza su accesibilidad. Un estudio puede estar cubierto, pero si debe realizarse a cientos de kilómetros, si el traslado no está disponible o si el trámite resulta incomprensible,
el derecho reconocido comienza a alejarse de la vida real.
LAS DISTANCIAS TAMBIÉN PRODUCEN DESIGUALDAD.
No es lo mismo acceder a PAMI en una gran ciudad que hacerlo desde una comunidad pequeña.
En los grandes centros urbanos suele existir una mayor concentración de profesionales, clínicas, laboratorios y estudios de alta complejidad. En localidades como Rauch, la desaparición de un prestador o la falta de una especialidad puede obligar a trasladarse a otra ciudad.
La distancia genera costos:
- económicos, por el viaje y los gastos asociados;
- físicos, especialmente para quienes tienen movilidad reducida;
- familiares, porque muchas personas necesitan acompañamiento;
- administrativos, por la coordinación entre turnos, autorizaciones y traslados;
- emocionales, por la incertidumbre que produce no saber dónde ni cuándo se recibirá atención.
La desigualdad territorial no aparece únicamente cuando un servicio no existe. También aparece cuando formalmente existe, pero resulta mucho más difícil utilizarlo dependiendo del lugar donde vive la persona.
PAMI informa que dispone de más de 600 agencias de atención y 38 Unidades de Gestión Local en todo el país. Esa extensión territorial es importante. Pero la cantidad de oficinas no permite conocer, por sí sola, la calidad de la atención, la capacidad de respuesta ni la disponibilidad efectiva de prestaciones en cada localidad.
La presencia territorial no se mide contando carteles sobre edificios.
CUANDO EL ESTADO ESTÁ, PERO NO LLEGA.
La presencia estatal no consiste solamente en que una institución figure en un organigrama o tenga una oficina abierta en una ciudad.
El Estado está efectivamente presente cuando cuenta con personal suficiente, horarios previsibles, infraestructura adecuada, información actualizada y capacidad para resolver los problemas que justifican su existencia.
También está presente cuando coordina con otras instituciones.
Si PAMI necesita mejores condiciones edilicias y el Municipio ofrece un espacio, corresponde conocer por qué esa alternativa no fue aceptada o si existe otra solución en marcha. Si determinadas prestaciones no pueden realizarse en Rauch, debe explicarse dónde se brindan y cómo se garantiza el traslado. Si faltan profesionales, la comunidad necesita saber qué gestiones se están realizando.
La coordinación entre niveles estatales no significa confundir responsabilidades. El Municipio puede colaborar, pero no debe sustituir permanentemente las obligaciones de un organismo nacional.
PAMI continúa siendo responsable de organizar y garantizar las prestaciones de sus afiliados.
Cuando un organismo nacional reduce su capacidad de respuesta, la necesidad social no desaparece. Se desplaza.
Termina en el Hospital Municipal, en las áreas sociales, en el bolsillo de las familias o en el esfuerzo de una persona mayor que debe recorrer oficinas, utilizar plataformas digitales y trasladarse fuera de la ciudad para recibir atención.
UNA POLÍTICA PARA LA COMUNIDAD QUE VIENE.
El reclamo presentado por Juntos–Somos Buenos Aires no debería quedar encerrado en una disputa partidaria. Las preguntas formuladas son relevantes porque se refieren a derechos y a prestaciones que afectan directamente a una parte importante de la población.
Pero la discusión tampoco debería terminar cuando PAMI responda una nota o resuelva el problema de su oficina.
Rauch necesita comenzar a construir información permanente sobre la situación de las personas mayores: prestaciones disponibles, especialidades faltantes, cantidad de derivaciones, destinos, dificultades de traslado, necesidades de cuidado y capacidad de respuesta de las instituciones locales.
No para reemplazar a PAMI ni para asumir responsabilidades nacionales, sino para planificar, reclamar con evidencia y anticiparse a una transformación que los datos ya muestran.
“Rauch envejece” no fue solamente el título de una columna. Es una realidad demográfica que obliga a revisar las prioridades públicas.
El funcionamiento de PAMI forma parte de esa discusión.
Una comunidad con más personas mayores necesita instituciones más cercanas, accesibles y coordinadas. Necesita información, respuestas y políticas capaces de reconocer que la igualdad también depende del territorio.
Envejecer no puede convertirse en una carrera de obstáculos. Y la presencia del Estado nacional no puede reducirse a un cartel colocado sobre una oficina.
Acerca del autor
