El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió cerrar la investigación penal por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA al determinar que los hechos no constituyen delito. Tras conocerse la resolución, el Presidente celebró el dictamen denunciando una «operación política y mediática», mientras que los principales referentes de la oposición repudiaron la decisión y acusaron al fuero federal de garantizar la «impunidad» del oficialismo.
El titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, Marcelo Martínez de Giorgi, dispuso el sobreseimiento de Javier Milei, de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de otros nueve investigados en el expediente que examinaba la fallida emisión del criptoactivo $LIBRA. La medida judicial se dictó en consonancia con la petición del fiscal Eduardo Taiano, quien concluyó que los sucesos denunciados «no encuadran en una figura legal».
La resolución desestimó la existencia de los delitos de estafa, tráfico de influencias, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. Junto a los hermanos Milei, quedaron desvinculados los traders Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, el exasesor de la CNV Sergio Morales, el empresario estadounidense Hayden Mark Davis y el titular de Kip Protocol, Julian Peh, entre otros. La causa penal se había originado a partir de la publicación efectuada por el mandatario el 14 de febrero de 2025 en la red social X promocionando el proyecto «Viva la Libertad Project», tras la cual el token experimentó un pico inicial cercano a los 5 dólares antes de sufrir un desplome inmediato que generó pérdidas financieras a miles de adquirentes.
juzgado-resolucionTras confirmarse el fallo judicial, el presidente Javier Milei publicó un extenso mensaje en sus redes sociales en el que celebró la decisión y apuntó fuertemente contra la oposición y los medios de comunicación. ¿Y AHORA QUIÉN ME COMPENSA POR UN AÑO, OCHO MESES Y NUEVE DÍAS DE MENTIRAS, CALUMNIAS E INJURIAS BUSCANDO MANCHAR MI BUEN NOMBRE Y HONOR?”, cuestionó el jefe de Estado.
En su descargo, el mandatario aseveró que la resolución dejó al descubierto una “TREMENDA operación política y mediática” orientada a dañar la investidura presidencial. Asimismo, afirmó: “Celebro el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas y de una Justicia que no se dejó arrastrar por el circo de los operadores de siempre”. En la misma publicación, Milei acusó al Grupo La Nación y calificó de “mercenarios de la mentira”, “ensobrados” y “fabricantes seriales de operaciones” a los periodistas Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosín y Luis Novaresio. Por su parte, el asesor presidencial Santiago Caputo festejó el dictamen en X, asegurando que la causa $LIBRA será recordada como un expediente armado «solo para dañar al Presidente».
La respuesta de la oposición
El pronunciamiento judicial provocó un inmediato y duro rechazo en los distintos sectores de la oposición, que cuestionaron el accionar de la Fiscalía y del fuero de Comodoro Py. La diputada nacional de la Coalición Cívica, Mónica Frade —una de las denunciantes iniciales—, sostuvo que «la impunidad se planificó» y criticó a la Fiscalía al señalar que «Taiano trabajó para ellos» tras haber desplazado a los querellantes de la causa. En esa misma línea, el diputado Maximiliano Ferraro catalogó el sobreseimiento como «una clara operación judicial planificada de encubrimiento e impunidad para Milei y todos los organizadores de la estafa».
Desde la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, la legisladora Sabrina Selva tildó el fallo de «papelón jurídico» y rechazó los planteos fiscales sobre supuestas irregularidades en la cadena de custodia de los peritajes telefónicos. En tanto, la agrupación La Cámpora difundió un comunicado donde denunció que «el Poder Judicial está ocupado por una mafia al servicio del poder», remarcando que en la misma semana la Justicia sobreseyó al Presidente mientras abría nuevos procesos contra Cristina y Máximo Kirchner. Por último, el dirigente Juan Grabois calificó la resolución como «una prueba más de la impunidad obscena del poder», cuestionando que fuera el propio fiscal y no los abogados defensores quien solicitara el sobreseimiento.
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