Un vecino recurrió al Honorable Concejo Deliberante para exigir el cumplimiento efectivo de la distancia de 50 metros para pulverizaciones terrestres, luego de que el Municipio argumentara dificultades asociadas a la «idiosincrasia» local para evadir su control.
La falta de controles del gobierno municipal sobre la aplicación de agroquímicos en las cercanías de los cursos de agua ha generado un profundo conflicto ambiental e institucional en Rauch. Alejandro Mettler, vecino de la localidad, presentó formalmente una nota ante el Honorable Concejo Deliberante (HCD) para denunciar el presunto incumplimiento de la ordenanza municipal vigente que prohíbe las aplicaciones terrestres de agroquímicos a menos de 50 metros de los cauces hídricos, alertando sobre la desprotección regulatoria y ambiental que sufre la comunidad.
El incidente que motivó la presentación ocurrió en un predio colindante al arroyo Pantanoso, donde se realizó una pulverización terrestre. Mettler aclaró en su escrito que la denuncia no se vincula a la ausencia de receta agronómica —la cual tenía conocimiento de que existía—, sino a la transgresión flagrante de la distancia de exclusión de 50 metros que protege el recurso hídrico.
Tras constatar el hecho, el vecino recurrió en primera instancia a Fiscalización Vegetal de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el organismo le aclaró que su competencia se limita a verificar las recetas y los productos químicos empleados, ratificando que el control del cumplimiento de la distancia de seguridad respecto de los cauces de agua es de competencia exclusiva del Municipio de Rauch.
La controvertida respuesta del intendente: «No soy Dios»
El aspecto más alarmante de la presentación radica en las explicaciones que el intendente municipal, Maximiliano Suescun, brindó personalmente al vecino al ser consultado por la falta de fiscalización. De acuerdo con el expediente ingresado al Concejo Deliberante, el jefe comunal justificó la inacción del Estado local argumentando que «él no es Dios», que hay problemas que se pueden solucionar y otros que no, y atribuyó las dificultades de control a una cuestión de «idiosincrasia».
Mettler rechazó categóricamente estos argumentos ante los concejales, afirmando que hacer cumplir una norma local vigente no requiere atributos divinos ni solucionar la totalidad de las problemáticas de la ciudad, sino que exige únicamente que el gobierno local asuma y ejerza sus facultades institucionales. «Si existe una ordenanza pero no se hace cumplir cuando se denuncia su incumplimiento, ¿qué garantía tienen los vecinos de que esa norma realmente los protege?», cuestionó el denunciante.
Un historial de trabas para el acceso a la información ambiental
El vecino advirtió que las trabas para garantizar la transparencia ecológica son recurrentes en el distrito. En su descargo, recordó el caso de Joaquín Benavídez, quien debió iniciar una actuación en el ámbito judicial contra el Municipio de Rauch debido a la sistemática falta de información ambiental sobre la situación sanitaria y ecológica del balneario municipal. Para Mettler, este antecedente obliga a reflexionar sobre los motivos por los cuales los vecinos que plantean legítimos reclamos ambientales en Rauch se topan reiteradamente con severos obstáculos institucionales.
Pedido de informes formal al Ejecutivo
Para esclarecer el rol del Municipio en la protección de los recursos hídricos, la nota presentada solicita formalmente al HCD que requiera al Departamento Ejecutivo un informe urgente sobre cinco puntos centrales:
- Si el gobierno local tomó conocimiento formal del hecho denunciado.
- Si se llevó a cabo una inspección en el territorio para verificar la distancia de la pulverización respecto al arroyo Pantanoso.
- Qué actuaciones administrativas concretas se iniciaron en relación con este caso.
- Qué medidas o sanciones se adoptaron o prevén adoptarse ante el eventual incumplimiento de la ordenanza.
- Cuál es el criterio del Municipio respecto a su obligación de fiscalizar la distancia mínima de seguridad establecida por la normativa vigente.
Mettler cerró su presentación aclarando que su planteo no constituye un ataque de índole personal contra el intendente Suescun, sino una legítima preocupación institucional por el bienestar de la comunidad. «Las normas no deben aplicarse solamente cuando resulta fácil hacerlo», concluyó, instando al Concejo Deliberante a intervenir para que las ordenanzas que resguardan los recursos hídricos no queden reducidas a meras declaraciones de buenas intenciones.
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