La iniciativa propone cambios en los criterios diagnósticos, el régimen de internaciones y el modelo de atención, con el objetivo de mejorar la respuesta del sistema sanitario y reforzar la intervención ante situaciones de riesgo.
El Gobierno nacional enviará en los próximos días al Congreso un proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental vigente desde 2010, con una serie de modificaciones que buscan actualizar el marco normativo y redefinir el funcionamiento del sistema en todo el país.
El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de redes sociales, en un mensaje breve que confirmó el inminente ingreso de la iniciativa al ámbito legislativo. El proyecto es impulsado por el Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones.
Según se informó, la propuesta apunta a “mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario” y “proteger tanto a pacientes como a terceros”, en un contexto donde el oficialismo busca retomar la agenda de gestión.
CAMBIO DE ENFOQUE EN LOS CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
Uno de los ejes centrales del proyecto es la redefinición de los criterios diagnósticos. Se propone dejar atrás el concepto de “padecimiento mental”, considerado ambiguo, para adoptar estándares internacionales como la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sus actualizaciones).
Además, se incorporará el criterio de “riesgo de daño para la vida o la integridad física”, lo que permitiría habilitar intervenciones más rápidas y preventivas en situaciones críticas.
El nuevo esquema también contempla el análisis del contexto y los antecedentes de cada persona, con el objetivo de lograr decisiones más ajustadas a cada caso.
INTERNACIONES: MÁS HERRAMIENTAS EN CASOS DE URGENCIA
El proyecto introduce cambios significativos en el régimen de internaciones. Aunque se mantiene el principio de que deben ser un recurso excepcional, se amplían las posibilidades de intervención en situaciones de riesgo.
En casos de urgencia, un médico psiquiatra podrá disponer una internación involuntaria, que deberá ser evaluada por un equipo interdisciplinario en un plazo de 24 horas. También se extiende el tiempo de notificación judicial de 10 a 24 horas.
Asimismo, se contempla que una internación voluntaria pueda transformarse en involuntaria si el paciente solicita el alta pero se considera que no está en condiciones de decidir, con la correspondiente intervención judicial.
REVISIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN
Otro punto clave es la revisión del modelo actual, que promueve el reemplazo de hospitales psiquiátricos por servicios en hospitales generales.
Desde el Gobierno consideran que ese esquema no siempre resulta viable por limitaciones de infraestructura y recursos, por lo que el proyecto plantea sostener la internación especializada en determinados casos.
En ese sentido, se propone una red de atención organizada por niveles de complejidad, que incluya hospitales especializados, servicios en hospitales generales, atención ambulatoria, dispositivos comunitarios y residencias asistidas.
DESIGUALDADES ENTRE PROVINCIAS Y MAYOR CONTROL
El diagnóstico oficial también advierte sobre una implementación desigual de la ley en el país, ya que no todas las provincias adhirieron ni cuentan con los mismos recursos en salud mental.
Frente a esto, la iniciativa propone fortalecer los sistemas de información, como el Registro Nacional de Personas Internadas por motivos de Salud Mental (RESAM) y el Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES), además de ampliar la participación del Ministerio de Salud en los organismos de control.
UN DEBATE QUE LLEGA AL CONGRESO
La reforma, que ya había sido anticipada por el Gobierno hacia fines de 2025, abrirá ahora un nuevo debate en el Congreso de la Nación. En el centro de la discusión estarán el equilibrio entre los derechos de los pacientes, la capacidad de intervención del Estado y la necesidad de dar respuestas efectivas ante situaciones críticas en salud mental.
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