LA REELECCIÓN DE LOS INTENDENTES: UNA DISCUSIÓN SOBRE EL PODER QUE YA CONDICIONA DE CARA AL 2027.
Mientras se activan las negociaciones políticas en la provincia de Buenos Aires y comienzan a ordenarse las estrategias nacionales, el futuro de las reelecciones municipales aparece en casi todas las mesas. No es una cuestión menor: con la ley vigente, alrededor de 80 de los 135 intendentes bonaerenses no podrían volver a competir por el cargo en 2027. Rauch está entre los municipios alcanzados.
¿SE VAN O SE QUEDAN?
Las elecciones de 2027 todavía parecen lejanas para buena parte de la sociedad. Para los políticos y los analistas, no.
En la provincia de Buenos Aires ya comenzaron a moverse las piezas. Se discuten alianzas, candidaturas, reglas electorales, eventuales reformas y formas de ordenar espacios que llegaron fragmentados al último turno electoral. Algo parecido sucede en el plano nacional, donde cada decisión sobre el armado bonaerense repercute directamente sobre las estrategias presidenciales.
En esas conversaciones aparece, de manera recurrente, un tema que no ocupa todos los días los principales titulares, pero que atraviesa buena parte de las negociaciones: la posibilidad de modificar nuevamente el régimen de reelección de los intendentes.
No se trata solamente de saber quién podrá volver a presentarse. La discusión involucra el control de los territorios, la sucesión de los liderazgos, la organización de los partidos y la capacidad de cada espacio para conservar sus municipios. También condiciona las alianzas.
Un intendente habilitado para competir no negocia desde el mismo lugar que otro obligado a buscar sucesor.
La magnitud explica la intensidad del debate. De mantenerse la legislación actual, alrededor de 80 jefes comunales de la provincia de Buenos Aires -casi seis de cada diez del mayor distrito electoral del país- quedarían imposibilitados de competir nuevamente por la intendencia en 2027. La cifra puede variar levemente según se contabilicen titulares, licenciados o reemplazantes, pero el dato político permanece: más de la mitad de los municipios bonaerenses debería presentar una nueva candidatura oficialista.
¿CÓMO SE LLEGÓ HASTA ACÁ?
Durante décadas no existieron límites para la reelección de los intendentes bonaerenses. Mientras conservaran el respaldo electoral, podían presentarse una y otra vez.
Ese esquema permitió construir gobiernos locales estables y, en algunos casos, desarrollar políticas de largo plazo. También facilitó la consolidación de liderazgos muy prolongados, estructuras personalistas y oficialismos difíciles de desafiar. El fenómeno fue más visible en el conurbano, aunque de ningún modo quedó limitado a esa región.
El cambio llegó en 2016, durante la gobernación de María Eugenia Vidal. La Ley 14.836, impulsada por Cambiemos y acompañada por el Frente Renovador (Sergio Massa), estableció que los intendentes podían ser reelegidos solamente por un período consecutivo. Después de dos mandatos debían dejar pasar uno para volver a competir por el mismo cargo.
La reforma fue presentada como un avance institucional. La idea era limitar la permanencia prolongada, promover la renovación y reducir las ventajas acumuladas por quienes administraban los municipios desde hacía muchos años.
Pero la regla comenzó a modificarse antes de llegar a desplegar completamente sus efectos.
En 2021, la Legislatura sancionó la Ley 15.315. Mantuvo el límite de dos mandatos consecutivos, pero determinó que el período iniciado en 2019 sería considerado como el primero a los efectos del cómputo. También estableció que la prohibición alcanzaría a quienes hubieran asumido un segundo mandato aunque lo ejercieran de manera parcial. Ese último punto buscó cerrar la posibilidad de utilizar licencias o renuncias anticipadas para eludir la restricción.
El resultado fue una solución transitoria. La reforma de 2021 postergó el problema, pero no lo resolvió. Los intendentes elegidos en 2019 y reelegidos en 2023 llegaron ahora al límite.
Por eso el debate volvió. No porque haya aparecido una preocupación institucional nueva, sino porque el calendario comenzó a ejercer presión sobre quienes tienen poder territorial y desean conservarlo.
LA LEY Y LA CONVENIENCIA.
Buena parte de la discusión pública se presenta como una confrontación entre dos principios.
Por un lado, quienes defienden la limitación sostienen que ocho años consecutivos son suficientes. Argumentan que la alternancia mejora la calidad institucional, obliga a formar nuevos dirigentes y evita que los recursos del Estado terminen confundidos con la construcción política personal del intendente.
Del otro lado se responde que una prohibición de este tipo limita la voluntad popular. Si un jefe comunal mantiene apoyo, administra bien y gana elecciones competitivas, ¿por qué impedir que los vecinos vuelvan a elegirlo?
EL ARGUMENTO TIENE FUERZA. TAMBIÉN TIENE UN LÍMITE.
Las elecciones no se desarrollan en condiciones abstractas. Un intendente en funciones dispone de visibilidad, recursos administrativos, capacidad de establecer agenda, vínculos territoriales y una estructura política que ningún competidor puede construir de un día para otro. Eso no significa que sea invencible. Significa que la competencia no comienza desde cero.
La objeción contraria también merece ser considerada. La prohibición de una candidatura no garantiza la alternancia. Un oficialismo puede reemplazar al intendente por una persona de su equipo, conservar su estructura y seguir gobernando. Puede cambiar el nombre sin que cambie el poder.
La ley, entonces, puede producir renovación de candidatos. No necesariamente renovación política.
Ese punto debería ordenar la discusión. El problema no es simplemente decidir entre reelección y alternancia. El verdadero desafío consiste en establecer qué reglas permiten combinar continuidad administrativa, competencia real, control ciudadano y circulación de dirigentes.
EL CIUDADANO Y SU REPRESENTANTE.
La teoría política ofrece una manera sencilla de observar el problema:
Los ciudadanos delegan temporalmente el gobierno en representantes que administran recursos y toman decisiones en su nombre. En esa relación, la sociedad ocupa el lugar del principal y el gobernante el del agente.
La dificultad aparece porque los intereses de ambos no siempre coinciden. Quien gobierna puede buscar el bienestar colectivo, pero también tiene incentivos para conservar el cargo, proteger a su grupo, distribuir recursos de forma políticamente conveniente o dificultar la aparición de competidores.
Las elecciones son el principal mecanismo de control. Permiten premiar una buena gestión o castigar una mala. La posibilidad de ser reelegido puede generar un incentivo para responder a las demandas ciudadanas.
Pero el mecanismo funciona solamente cuando existen información suficiente, controles institucionales y alternativas competitivas. Si la oposición está desarticulada, los organismos de control son débiles o la oferta electoral no presenta opciones creíbles, el voto pierde parte de su capacidad disciplinadora.
Por eso resulta insuficiente afirmar que “el único límite debe ponerlo la gente”. La frase supone que los ciudadanos siempre eligen dentro de mercados políticos equilibrados. Pero, no es así.
También sería equivocado sostener que prohibir una tercera candidatura resuelve por sí solo el problema del poder. Un intendente puede irse y conservar una enorme influencia sobre su sucesor. Incluso puede trasladarse a otro cargo, mantener el control partidario y preparar su regreso cuatro años después.
Las restricciones temporales son una herramienta. No reemplazan a la rendición de cuentas, la transparencia, la independencia de los organismos de control, la fortaleza de los concejos deliberantes ni la existencia de partidos capaces de competir.
LA QUINTA SECCIÓN FRENTE A UNA SUCESIÓN EXTENDIDA.
El impacto será particularmente visible en la Quinta Sección Electoral, donde confluyen municipios gobernados por el radicalismo, el peronismo, el PRO y expresiones vecinalistas.
En varios de esos distritos, los intendentes no son solamente administradores municipales. Son los organizadores centrales de sus espacios: seleccionan candidatos, articulan con legisladores, administran relaciones con la Provincia y ordenan la política local.
La eventual imposibilidad de competir en 2027 abrirá procesos sucesorios en gobiernos que llevan años estructurados alrededor de una figura dominante. Allí comenzarán los problemas.
Elegir un sucesor no es transferir automáticamente el liderazgo. El respaldo electoral no se hereda como un bien patrimonial. Tampoco alcanza con señalar a un funcionario y esperar que la sociedad lo reconozca como continuidad natural.
En algunos distritos aparecerán internas. En otros, el intendente saliente intentará imponer una candidatura de confianza. También habrá dirigentes que buscarán utilizar la sucesión para discutir la orientación del gobierno o revisar alianzas que hasta ahora permanecían contenidas por la autoridad del jefe comunal.
La Quinta Sección Electoral puede convertirse, así, en un laboratorio político. Permitirá observar si los oficialismos municipales construyeron organizaciones capaces de sobrevivir a sus líderes o si, detrás de estructuras aparentemente sólidas, existía una dependencia excesiva de una sola persona.
La diferencia es importante. Un partido fuerte puede reemplazar candidatos sin perder identidad ni capacidad electoral. Un liderazgo personalista suele descubrir su fragilidad cuando debe designar sucesor.
RAUCH: CONTINUIDAD EN UN ESCENARIO DISTINTO.
Rauch forma parte de este debate de manera directa.
Maximiliano Suescun fue elegido intendente en 2015, reelegido en 2019 y nuevamente en 2023. Sin embargo, por la modificación introducida en 2021, el mandato iniciado en 2019 fue considerado como el primero computable y el actual como el segundo. Con la normativa vigente, no podría volver a presentarse como candidato a intendente en 2027.
El dato abre una discusión inevitable sobre la continuidad del oficialismo local. Pero esa discusión no puede hacerse utilizando únicamente las categorías políticas de hace algunos años.
El radicalismo conserva activos importantes. Mantiene el gobierno municipal, una estructura territorial extendida, reconocimiento social, capacidad de gestión y una identidad política profundamente instalada en Rauch. Ha demostrado, además, que puede sostener competitividad incluso en contextos provinciales y nacionales poco favorables.
Todo eso sigue vigente.
Lo que cambió es el sistema de alianzas que durante varios turnos electorales le permitió reunir a la mayor parte del electorado no peronista.
La ruptura de Juntos por el Cambio separó a la UCR del PRO y modificó la base electoral sobre la cual se había construido la continuidad. El radicalismo sigue siendo la fuerza individual con mayor capacidad dentro de ese universo, pero ya no puede considerarse su representación excluyente. Es la primera minoría del espacio no peronista.
Esa diferencia no es semántica. Tiene consecuencias electorales.
En las elecciones provinciales de 2025, Somos Buenos Aires compitió sin el PRO y sin La Libertad Avanza. LLA obtuvo en Rauch alrededor del 12% de los votos y no consiguió representación en el Concejo Deliberante. Su peso institucional local continúa siendo reducido. No es, por ahora, una alternativa consolidada de gobierno.
Sin embargo, su relevancia no debe medirse solamente por las bancas que consiguió. Una fuerza puede tener escaso volumen propio y, aun así, alterar el resultado general. Al capturar una porción del voto no peronista, LLA reduce la capacidad del radicalismo para concentrar detrás de una única oferta a sectores que antes convivían dentro de Juntos por el Cambio.
El PRO agrega otra dimensión. En 2025 no constituyó una alianza local con LLA ni integró Somos Buenos Aires. Una parte relevante de su electorado no se trasladó automáticamente hacia ninguna de las dos ofertas. La caída de la participación y la pérdida de votos sufrida por el oficialismo permiten considerar que una porción de esos antiguos votantes pudo haber optado por la abstención.
Debe decirse con precisión: a partir de resultados agregados no es posible conocer de manera directa cómo votó cada elector. Vincular la ausencia del PRO con el crecimiento de la abstención es una interpretación consistente con los datos, no una certeza individual comprobada.
Aun así, el efecto político resulta visible. La fragmentación del espacio no peronista operó por dos vías. Una parte de los votos se distribuyó entre opciones diferentes. Otra pudo haberse retirado de la competencia.
Ambos movimientos perjudicaron al radicalismo.
LLA todavía no parece estar en condiciones de ganar el gobierno municipal por sí sola. Pero puede contribuir a que otro lo pierda. El PRO, por su parte, conserva un electorado que tal vez no alcance para conducir el distrito, pero sí para inclinar una elección disputada. Esa es la paradoja de los sistemas fragmentados: actores relativamente pequeños adquieren poder porque su comportamiento modifica la mayoría posible.
LA SUCESIÓN NO SERÁ UN TRÁMITE.
Si la ley no cambia, el oficialismo de Rauch deberá resolver por primera vez en varios años una sucesión sin su principal figura como candidato a intendente.
No será un procedimiento administrativo. Será una decisión política.
El desafío consistirá en presentar una candidatura capaz de representar continuidad sin parecer una simple delegación personal. Deberá retener el electorado radical, recuperar vínculos con votantes que acompañaron a Juntos por el Cambio y evitar que la fragmentación termine favoreciendo al peronismo.
También deberá administrar el desgaste. Toda gestión prolongada acumula experiencia, pero acumula costos. Decisiones discutidas, promesas pendientes, conflictos internos y demandas que se renuevan. La continuidad puede funcionar como garantía de previsibilidad. Aunque, también puede ser leída como agotamiento.
La oposición enfrenta su propia dificultad. La imposibilidad de Suescun de competir no convierte automáticamente a Fuerza Patria en mayoría ni transforma a LLA en alternativa. Para producir alternancia no alcanza con esperar que la ley retire a un candidato fuerte.
Hace falta construir una oferta capaz de convencer.
El peronismo mostró en 2025 capacidad para crecer y aprovechar la división de sus adversarios. Pero deberá demostrar que puede sostener esa competitividad cuando se elija intendente y la agenda vuelva a concentrarse en la gestión local.
LLA necesita desarrollar organización, dirigentes reconocidos, presencia institucional y una propuesta municipal. El voto nacionalizado puede otorgarle un piso. Gobernar un distrito exige algo más.
El PRO deberá decidir si intenta reconstruir una identidad propia, si negocia con LLA o si vuelve a explorar un acuerdo con el radicalismo. Su principal activo no es hoy una estructura autónoma capaz de imponerse, sino un conjunto de votantes que ninguna fuerza puede dar por asegurado.
Por eso las alianzas serán decisivas. Pero no cualquier alianza.
Una coalición electoral armada solamente para sumar porcentajes puede fracasar si no logra construir una identidad común, una candidatura aceptada y una explicación convincente de para qué quiere gobernar. La unidad evita la dispersión. No garantiza entusiasmo.
LO QUE REALMENTE SE NEGOCIA.
La discusión sobre las reelecciones suele presentarse como una controversia jurídica o moral. En realidad, es una negociación sobre el poder.
Los intendentes quieren conservar capacidad de decisión. Los gobernadores necesitan estructuras municipales que sostengan sus proyectos. Los partidos nacionales observan la provincia porque allí se concentra cerca del 40% del electorado argentino. Y los dirigentes sin territorio ven en cada sucesión una oportunidad para ampliar influencia.
Por eso el tema aparece en las mesas provinciales y nacionales. La continuidad de los jefes comunales no define solamente quién ocupará cada intendencia. Define quién controla las listas, quién moviliza fiscales, quién organiza campañas y quién aporta votos a las disputas de mayor escala.
La cuestión central no consiste en determinar si todos los intendentes que desean reelegirse lo merecen ni si todos los recambios serían saludables. Es una pregunta institucional más exigente: qué reglas producen mejores condiciones para que los ciudadanos puedan controlar a quienes gobiernan.
La reelección puede premiar una gestión eficaz. También puede consolidar ventajas difíciles de revertir. La limitación puede favorecer la renovación. También puede producir sucesores digitados y alternancias puramente nominales.
Ninguna regla resuelve por sí sola la calidad de la democracia local.
En Rauch, la eventual salida de Suescun de la competencia modificaría el tablero, pero no escribiría el resultado. El radicalismo conservaría estructura y centralidad. Fuerza Patria tendría una oportunidad mayor. LLA seguiría siendo minoritaria, aunque capaz de fragmentar. El PRO podría convertirse en un actor decisivo sin necesidad de encabezar la elección.
Todo dependerá de cómo se ordenen esos espacios, de qué candidaturas construyan y de cuánto logren movilizar a una sociedad que en 2025 mostró señales de distanciamiento.
Las reglas importan. Mucho.
Pero la alternancia no se decreta y la continuidad no se hereda. Ambas deben construirse políticamente y ser validadas en las urnas. Esa es la discusión que ya comenzó, aunque todavía no ocupe todos los titulares.
Este texto sostiene como hipótesis principal que la ley puede retirar una candidatura, pero no produce por sí misma alternancia. En Rauch, el resultado dependerá especialmente de la sucesión radical -si no cambia la ley sobre las reelecciones municipales- y del modo en que se reordene el voto no peronista.
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