La lic. en psicólogia de Rauch,analizó el proyecto de modificación de la Ley 26.657 y advirtió sobre un posible retroceso en derechos.
En medio del debate nacional por la modificación de la Ley de Salud Mental N° 26.657, sancionada en 2010, crecen las voces que advierten sobre un posible cambio de paradigma en el abordaje de los padecimientos mentales en Argentina. La normativa vigente, considerada de avanzada en materia de derechos humanos, puso el foco en la inclusión, la autonomía de las personas y el tratamiento en comunidad.
Actualmente, el proyecto de reforma ya fue presentado en el Congreso de la Nación y se encuentra en etapa de discusión en comisiones, sin fecha confirmada aún para su tratamiento en el recinto. En ese marco, distintos sectores —profesionales, organizaciones y funcionarios— exponen posiciones encontradas sobre el rumbo que debería tomar la legislación.
La iniciativa oficial propone cambios en aspectos centrales de la ley. Entre los puntos más relevantes, se plantea una flexibilización de los criterios de internación, ampliando las posibilidades de intervención en casos donde se considere que existe riesgo para la persona o terceros. También se busca redefinir el concepto de riesgo, con el objetivo de permitir decisiones más rápidas por parte de los equipos de salud y la justicia.
Otro de los ejes en discusión es el enfoque del tratamiento, con una mirada más cercana al modelo biomédico, incorporando con mayor peso la noción de “trastornos mentales”. Desde el oficialismo sostienen que estas modificaciones apuntan a dar respuesta a situaciones críticas que hoy el sistema no logra resolver, especialmente en contextos de crisis agudas y consumos problemáticos.
Sin embargo, el proyecto genera preocupación en parte del ámbito profesional, que advierte sobre un posible retroceso respecto al paradigma de derechos humanos que instaló la ley vigente.
En ese contexto, durante una entrevista en el programa MDS, en la columna “Actualidad Pública” del doctor Ítalo Volpe, la psicóloga Rosario Volzone brindó su mirada y fue contundente al defender el espíritu original de la normativa.
“La Ley de Salud Mental cambió totalmente el paradigma. Dejó de ver a la persona como un objeto de tutela para reconocerla como un sujeto de derecho”, explicó.
Según detalló, uno de los pilares fundamentales es que la salud mental debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos, dejando atrás la lógica de la peligrosidad y el encierro. “La persona tiene derecho a decidir sobre su tratamiento, a no ser discriminada y a vivir en comunidad”, sostuvo.
Otro de los ejes centrales es la desmanicomialización. La ley prohíbe la creación de nuevos manicomios y plantea el cierre progresivo de los existentes. En ese sentido, Volzone remarcó: “La internación es el último recurso, debe ser breve y en hospitales generales”. Y aclaró que no toda internación implica exclusión, sino que el problema radica en las internaciones crónicas: “Las internaciones breves pueden ser necesarias para resolver situaciones de urgencia subjetiva. Se estabiliza a la persona y luego se planifica una atención ambulatoria con todos los dispositivos necesarios”.
La normativa también promueve tratamientos ambulatorios y en cercanía con el entorno de la persona, fortaleciendo redes comunitarias, familiares y laborales. “La salud mental es con otros, en comunidad”, sintetizó la profesional.
Además, destacó el enfoque interdisciplinario, que incluye no solo a psiquiatras sino también a psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, reconociendo que los factores sociales, económicos y familiares influyen directamente en el padecimiento mental. “No todo se resuelve medicalizando”, advirtió.
En relación al consentimiento, Volzone subrayó que la ley establece como regla que las personas deben comprender y aceptar sus tratamientos. Solo en situaciones excepcionales puede haber internaciones involuntarias, bajo estrictos controles judiciales.
Para la psicóloga, el problema no está en la ley sino en su implementación. “La letra de la ley no es el problema. El problema es que no se implementa por la desfinanciación progresiva de las políticas públicas”, afirmó.
En ese marco, cuestionó con dureza el proyecto de reforma actualmente en discusión: “Atrasa 50 años. Vuelve a un modelo biomédico, centrado en el encierro y el aislamiento, que no soluciona el padecimiento mental”.
Finalmente, dejó una reflexión que resume el trasfondo del debate: “Pasar del ‘encerrar para proteger’ al ‘acompañar para incluir’ es el verdadero desafío. Porque en salud mental, nadie se salva solo”.
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