La iniciativa impulsada por la diputada Karen Reichardt busca establecer presupuestos mínimos para la habilitación, fiscalización y control de criaderos, refugios y hogares de tránsito. Sin embargo, el proyecto enfrenta un fuerte rechazo de sectores proteccionistas y expertos que denuncian que la norma legitima la explotación comercial de los animales y presenta graves falencias técnicas y conceptuales.
El proyecto de ley, presentado por la diputada nacional de La Libertad Avanza Karen Reichardt, propone la creación de un Registro Nacional de Establecimientos para Animales de Compañía (RNEAC), de inscripción obligatoria para criaderos, refugios, hogares de tránsito y pensionados en todo el país. Según Reichardt, el objetivo principal es «regularizar y controlar» una actividad que actualmente no cuenta con una normativa nacional específica, buscando prevenir la clandestinidad y garantizar el bienestar animal mediante estándares de infraestructura y atención veterinaria. La propuesta introduce, de manera innovadora para la legislación nacional, el reconocimiento de los animales de compañía como seres sintientes.
A pesar de estas intenciones, la iniciativa ha desatado una ola de críticas. Organizaciones como Proyecto Galgo Argentina y referentes de refugios como Sergio Moragues (El Campito) sostienen que, al regular los criaderos, el Estado está otorgando un marco legal que legitima la cría comercial y la «explotación de vientres», actividades que consideran inherentemente incompatibles con el bienestar animal.
Expertos en derecho animal, como el juez Carlos Rolero, califican el proyecto como un retroceso conceptual de diez años, señalando que la tendencia jurisprudencial actual en Argentina es la prohibición de los criaderos —como ya ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— y no su habilitación.
Uno de los puntos más controvertidos es la unificación de criaderos y refugios bajo un mismo régimen. Críticos como el abogado Leonardo Barnabá advierten que es un error técnico mezclar actividades con fines de lucro con el trabajo voluntario de las ONG, las cuales enfrentan falencias económicas y no deberían ser sometidas a las mismas exigencias administrativas que un negocio comercial. Además, se cuestiona la constitucionalidad del proyecto, ya que las facultades sobre habilitaciones comerciales suelen ser competencias locales o provinciales, no nacionales.
La tensión política ha escalado en redes sociales y medios de comunicación, incluyendo fuertes cruces entre Reichardt y el legislador porteño Emmanuel Ferrario, quien calificó la iniciativa de «nefasta» y «técnicamente mala». Paralelamente, en plataformas como Change.org, la ciudadanía exige leyes de protección más severas que establezcan prisión efectiva para los administradores de criaderos clandestinos y torturadores, en lugar de marcos regulatorios que permitan la continuidad del comercio de animales. Mientras el debate continúa, los sectores proteccionistas insisten en que «los animales no pueden ser un negocio» y reclaman políticas basadas en la castración masiva y la prohibición definitiva de la cría comercial.
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