La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y sindicatos docentes de todo el país llevan adelante una masiva jornada de protesta con movilizaciones y actos. Con altos niveles de acatamiento a nivel nacional —alcanzando el 98% en distritos como Rauch—, la comunidad educativa exige celeridad e imparcialidad judicial ante el crimen de la directora de la Escuela N.º 626 y denuncia la precariedad, el aislamiento y la falta de seguridad en las escuelas rurales.
La comunidad educativa argentina atraviesa momentos de profunda conmoción tras confirmarse la aparición sin vida de Nancy Estela Godoy, de 52 años, quien se desempeñaba como directora suplente de la Escuela Rural N.º 626 en el paraje El Malezal, departamento de Esquina, provincia de Corrientes. La docente se encontraba desaparecida desde el pasado 7 de octubre, cuando se comunicó por última vez con su familia tras arribar a la zona rural. Su cuerpo fue localizado semisumergido en un bañado de difícil acceso dentro de la estancia El Curupí, a pocos kilómetros del establecimiento educativo.
En el marco de la investigación judicial dictaminada bajo la hipótesis de femicidio, el juez de Garantías dictó la prisión preventiva para cinco personas involucradas. Ireneo Antonio Zarza, Felipe Dionisio Sandoval y Sergio Nahuel Rojas se encuentran imputados por el delito de femicidio. Por su parte, la baqueana Rosa Leguizamón enfrenta cargos por homicidio simple, mientras que Ernesto Ezequiel Bordón fue imputado por falso testimonio tras incurrir en contradicciones durante sus declaraciones.
Medida de fuerza nacional y movilizaciones
Frente a la gravedad de los hechos, la Junta Ejecutiva de CTERA resolvió convocar a un paro nacional docente y jornada de duelo para este jueves 29 de octubre, acompañada por sindicatos de todas las provincias, entre ellos SUTEBA, SUTECO, UEPC, SUTEF y AMSAFE. La jornada de protesta incluye marchas, concentraciones y radios abiertas en distintos puntos del país, destacándose una manifestación central frente a la Casa de la Provincia de Corrientes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En las aulas bonaerenses, la medida registró un impacto contundente, destacándose distritos como Rauch con un acatamiento del 98%.
Además de exigir el esclarecimiento definitivo del hecho y el castigo a los responsables, las organizaciones sindicales apuntaron contra las responsabilidades del Gobierno de Corrientes y del Gobierno nacional respecto a la desprotección estructural que afecta a los trabajadores de escuelas rurales. Previo a su desaparición, Godoy había elevado denuncias formales por el deterioro del edificio escolar, la falta de mantenimiento, la carencia de agua potable y la precariedad en el transporte. Desde los gremios enfatizaron que el Estado tiene la obligación indelegable de garantizar condiciones laborales dignas y entornos seguros para la enseñanza pública.
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