Tras la creciente alarma entre los residentes de Rauch por la presencia de drones sobrevolando viviendas, la Subsecretaría de Protección Ciudadana de la Municipalidad emitió una aclaración oficial: el dispositivo y la camioneta Toyota blanca identificada pertenecen a una empresa contratada por la distribuidora eléctrica EDEA. Según el comunicado, el uso de esta tecnología tenía como fin realizar tareas técnicas de inspección en las líneas aéreas de media tensión y mantenimiento de la red eléctrica.
Sin embargo, este despliegue técnico derivó en un clima de inseguridad debido a que la falta de comunicación previa por parte de la empresa y la nula difusión de la actividad en la ciudad generaron una alarma generalizada. Al no haber un aviso oficial que alertara a la comunidad sobre estos trabajos, los movimientos fueron interpretados inicialmente como actos de vigilancia sospechosa, lo que provocó que el caso se volviera viral.
Un despliegue que abarcó toda la ciudad
El caso tomó notoriedad por la denuncia de la profesora Mirta González en la esquina de Conesa y Moreno, pero se confirmó que el vehículo recorrió distintos sectores de la ciudad operando el dispositivo. Esto generó que vecinos de diversos puntos también visualizaran el dron registrando detalles de frentes, patios y techos, incrementando el temor ante la incertidumbre de quiénes eran los operadores.
Persiste la incomodidad por la intromisión a la privacidad
A pesar de haberse develado el misterio, el malestar en Rauch no ha cesado. Los ciudadanos manifestaron su profunda incomodidad por lo que consideran una intromisión a la privacidad sin autorización previa. El hecho de que se filmara la intimidad de los hogares fue calificado como una invasión, especialmente considerando que la ley argentina protege la imagen y exige consentimiento para captar imágenes en ámbitos privados.
Expertos señalan que el uso de drones está sujeto a la Ley Nacional de Protección de Datos Personales (25.326) y que el artículo 19 de la Constitución Nacional ampara la vida privada. La comunidad coincide en que la «libertad tecnológica» de las empresas no debe vulnerar los derechos básicos, y ante las fallas de comunicación y respuesta oficial, exigen protocolos de prevención y aviso para evitar que situaciones similares se repitan.
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