CUANDO ORDENAR LA ECONOMÍA YA NO ALCANZA.
Javier Milei llegó a la Presidencia con una promesa tan sencilla como contundente: terminar con la inflación, ordenar las cuentas públicas y romper con una forma de hacer política que, según su diagnóstico, había llevado a la Argentina al fracaso. Durante buena parte de su gobierno, la gravedad de la situación recibida funcionó como explicación, justificación y también como fuente de legitimidad.
El ajuste podía ser doloroso, pero se presentaba como inevitable. La caída de la actividad podía considerarse transitoria. El deterioro de los ingresos aparecía como el costo de evitar un mal mayor.
La emergencia lo explicaba casi todo.
Pero la política tiene sus tiempos. Y esos tiempos no siempre coinciden con los de la economía.
Cuando un gobierno afirma que consiguió estabilizar las principales variables, también modifica el criterio con el que la sociedad comienza a evaluarlo.
Ya no alcanza con señalar el pasado ni con recordar la crisis que se evitó. La pregunta cambia. Si la economía está ordenada, ¿cuándo comienza a mejorar la vida cotidiana?
Ahí aparece el nuevo límite del gobierno de Milei.
Los datos describen una realidad menos lineal que el relato del éxito o el del fracaso. En el segundo trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto creció un 2 por ciento respecto del mismo período del año anterior. Sin embargo, cayó un 0,6 por ciento frente al trimestre precedente. La desocupación alcanzó el 7,9 por ciento y el consumo privado, uno de los principales componentes de la actividad económica, continúa mostrando señales de debilidad.
No son datos que permitan afirmar que todo salió mal. Tampoco alcanzan para sostener que el problema está resuelto.
El Gobierno puede exhibir como principal activo el orden fiscal y una inflación considerablemente menor que la que encontró al asumir. El Presupuesto 2027 proyecta crecimiento, una nueva reducción de la inflación y la continuidad del superávit financiero.
Es una apuesta coherente con la identidad económica del oficialismo: primero estabilizar, luego crecer.
El problema es que entre ambas instancias existe una zona política difícil de administrar. Las variables pueden mejorar antes que los hogares. Los balances pueden ordenarse antes que los ingresos. Y una sociedad puede reconocer que se evitó una crisis mayor mientras se pregunta, al mismo tiempo, por qué todavía no logra percibir los beneficios prometidos.
La estabilidad no se traduce automáticamente en legitimidad. Necesita convertirse en empleo, consumo, salario, inversión y expectativas.
NECESITA HACERSE VISIBLE.
EL TIEMPO DE LOS RESULTADOS.
Durante la primera etapa del gobierno, Milei contó con una ventaja política considerable: el pasado reciente funcionaba como contraste. La inflación, el déficit, la pérdida de reservas y la falta de credibilidad permitían explicar la necesidad de medidas extraordinarias. Cada dificultad podía ser presentada como parte de la herencia recibida o como consecuencia de las resistencias de aquello que el Presidente denomina “la casta”.
Pero esa explicación se debilita con el paso del tiempo. No necesariamente porque sea falsa, sino porque todo gobierno termina siendo evaluado por sus propios resultados.
Cuanto más reivindica el oficialismo el éxito de su programa, menos margen tiene para atribuir las dificultades exclusivamente al pasado.
Si la emergencia terminó, comienza la normalidad. Y la normalidad posee otras exigencias.
La sociedad deja de preguntar solamente cuánto bajó la inflación y comienza a observar cuánto puede comprar. No mira únicamente el equilibrio de las cuentas nacionales, sino también el de sus propias cuentas. No evalúa la marcha de la economía a través de una planilla, sino desde el trabajo, la deuda, el alquiler, los servicios y la posibilidad de proyectar.
Esto no significa que el orden macroeconómico sea irrelevante. Sin estabilidad difícilmente pueda existir una mejora sostenible. Significa algo más sencillo:
la estabilización puede ser una condición necesaria, pero no es una condición suficiente.
Milei enfrenta, entonces, una prueba diferente de aquella con la que llegó al poder. Ya no debe demostrar solamente que pudo frenar una dinámica de deterioro. Debe demostrar que puede construir una etapa posterior.
LAS REGLAS TAMBIÉN JUEGAN.
El Gobierno parece advertir que los resultados económicos, o la falta de una percepción social suficientemente extendida sobre ellos, podrían no garantizar por sí solos su continuidad. Mientras defiende el rumbo de la gestión, comenzó a trabajar sobre otro terreno: las reglas de la competencia y la construcción de una coalición electoral para 2027.
En abril de 2026, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de reforma electoral. La iniciativa propone eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, aumentar las exigencias para constituir y conservar partidos políticos y modificar aspectos de su financiamiento, entre otros puntos.
El argumento oficial combina razones económicas e institucionales. Las PASO serían costosas y, en numerosos casos, no funcionarían como verdaderas internas, sino como una gran encuesta nacional financiada por el Estado. El endurecimiento de las condiciones para sostener un partido buscaría terminar con los llamados “sellos de goma”. Las nuevas reglas de financiamiento intentarían mejorar la transparencia.
Son discusiones legítimas. El sistema electoral puede y debe ser revisado cuando presenta costos, distorsiones o incentivos que no contribuyen a una mejor representación. Pero ninguna reforma electoral es políticamente neutra.
Cada modificación cambia los recursos disponibles, las estrategias posibles y las condiciones bajo las cuales compiten oficialistas y opositores.
La eliminación de las PASO, por ejemplo, no afecta del mismo modo a todos los espacios. La Libertad Avanza posee un liderazgo presidencial definido. La oposición, en cambio, continúa fragmentada y con dificultades para resolver sus candidaturas, construir un programa común y ordenar sus distintos liderazgos.
Sin primarias abiertas, esas diferencias deberán resolverse mediante acuerdos internos o mecanismos partidarios propios.
Esto no significa que la reforma garantice la reelección de Milei. Tampoco prueba que haya sido diseñada exclusivamente para beneficiarlo.
Significa que una modificación de las reglas a poco más de un año de la elección presidencial debe analizarse no sólo por los argumentos con los que se la presenta, sino también por sus efectos concretos sobre la competencia.
Una reforma electoral puede ser necesaria y estar bien fundamentada. Pero su legitimidad no depende solamente de su contenido. También importa el procedimiento, el momento y el nivel de consenso alcanzado.
Las reglas destinadas a organizar la competencia democrática deberían poder ser defendidas incluso por quienes podrían resultar perjudicados por ellas. Cuando son modificadas cerca de una elección y por iniciativa de quien buscará renovar su mandato, la exigencia de transparencia y acuerdo debe ser todavía mayor.
Las normas importan. Y mucho más cuando quienes las promueven también participarán de la elección que esas normas habrán de regular.
DEL PARTIDO CONTRA LA CASTA A LA BÚSQUEDA DE ALIADOS.
La segunda parte de la estrategia es territorial. La Libertad Avanza explora acuerdos con el PRO, sectores de la Unión Cívica Radical, gobernadores y fuerzas provinciales. En la provincia de Buenos Aires se analiza una coalición amplia que podría incorporar libertarios, dirigentes del PRO, radicales, intendentes y agrupaciones vecinales.
El objetivo resulta comprensible. Milei ganó la Presidencia en 2023 con un liderazgo potente, pero con una estructura partidaria débil, escasa presencia territorial y pocos representantes en el Congreso. La experiencia de gobierno demostró que la centralidad presidencial no reemplaza la necesidad de legisladores, gobernadores, intendentes, fiscales y organizaciones capaces de sostener una elección en todo el país.
La particularidad es que el espacio que llegó al poder cuestionando las coaliciones tradicionales ahora necesita construir una propia.
Quienes eran presentados como parte del problema pueden transformarse en aliados necesarios para asegurar gobernabilidad y continuidad.
No hay en ello una anomalía. La política democrática supone acuerdos, negociación y construcción de mayorías. Ningún gobierno nacional puede prescindir indefinidamente de esas herramientas. La cuestión consiste en determinar bajo qué condiciones se producen los acuerdos y qué queda de la identidad original cuando la necesidad electoral obliga a ampliar las fronteras.
La amplitud de las alianzas responde también a la lógica de la elección presidencial. En la Argentina, una fórmula puede imponerse en primera vuelta si supera el 45 por ciento de los votos o si alcanza el 40 por ciento y obtiene una diferencia mayor a diez puntos sobre la segunda.
Para el oficialismo, cada acuerdo territorial puede aportar algo más que dirigentes o fiscales: puede acercarlo al umbral que le permita evitar una segunda vuelta.
La construcción de una coalición amplia no sería, entonces, un complemento de la candidatura presidencial, sino una parte central de su estrategia.
La Libertad Avanza puede estar convirtiéndose en una nueva fuerza política nacional. Pero también podría transformarse en una coalición más heterogénea, organizada alrededor del liderazgo y la reelección de Milei. No son exactamente lo mismo.
Una fuerza política requiere organización, reglas internas, dirigentes, presencia territorial y alguna capacidad de continuidad más allá de una persona. Una coalición electoral puede reunir actores muy diferentes alrededor de un objetivo inmediato: ganar una elección.
La pregunta que surge de esta lectura, entonces, no es solamente con quién acordará Milei. También importa saber qué tipo de organización política pretende construir y qué lugar tendrán aquellos aliados que hasta hace poco eran incluidos dentro de la dirigencia que prometía desplazar.
ENTRE LA ECONOMÍA Y LA POLÍTICA.
El oficialismo se prepara para competir en dos terrenos al mismo tiempo. En el primero necesita que la estabilización se convierta en una mejora social visible. En el segundo procura establecer reglas y alianzas que le permitan ampliar su capacidad electoral.
Ambas dimensiones están relacionadas, pero ninguna reemplaza completamente a la otra.
Una buena ingeniería electoral difícilmente pueda compensar un deterioro económico profundo. Del mismo modo, una mejora de los indicadores no garantiza por sí sola una organización capaz de sostener territorialmente una candidatura nacional.
Por eso sería excesivo afirmar que Milei impulsa una reforma electoral y busca aliados porque considera fracasado su programa económico. No existen elementos que permitan sostener esa relación de manera directa. Pero también sería ingenuo analizar las reformas y los acuerdos sin considerar el horizonte de 2027.
El Gobierno no parece dispuesto a dejar su continuidad dependiendo exclusivamente de la economía.
Busca reducir la incertidumbre por distintas vías: sostener el superávit, recuperar el crecimiento, modificar las reglas, ordenar su partido y sumar aliados.
En definitiva, está haciendo política.
Milei llegó a la Presidencia como expresión de una ruptura. Su fuerza estuvo en interpretar el cansancio de una parte importante de la sociedad y convertirlo en una propuesta electoral. Pero permanecer exige algo diferente. Requiere transformar la ruptura en un orden nuevo, el liderazgo en organización y la estabilización en bienestar.
El Presidente construyó poder prometiendo terminar con el pasado. Ahora debe demostrar qué futuro puede ofrecer.
Y acaso allí se encuentre la mayor paradoja de su gobierno:
el movimiento que prometió terminar con la política tradicional comienza a descubrir que, para conservar el poder, necesita aquello que inicialmente despreció: organización, acuerdos y construcción de mayorías.
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