La científica del CONICET y del INTA Balcarce enfrentó la máxima sanción del empleo público tras liderar el proyecto SPRINT, que detectó residuos de plaguicidas en los voluntarios analizados en la región pampeana. Pese a que el organismo admitió la ausencia de daño patrimonial al Estado o beneficio personal, concretó su desvinculación. La especialista adelantó que recurrirá a la Justicia Federal.
El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) resolvió aplicar la exoneración a la investigadora Virginia Aparicio, constituyendo la sanción expulsiva más severa del régimen disciplinario estatal. La medida aparta a la especialista de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce e inhabilita su desempeño en la administración pública nacional.
Aparicio coordinó la participación argentina en el proyecto SPRINT (Transición Sostenible de Protección Vegetal), financiado con 14 millones de euros por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea.
Los datos de la controversia
La investigación evaluó la presencia de más de 200 pesticidas en matrices ambientales, animales y humanas. En el sudeste bonaerense, el monitoreo abarcó a 73 voluntarios (entre productores agropecuarios, trabajadores rurales y residentes urbanos).
Entre las conclusiones se documentó la presencia de glifosato en el 100% de las muestras de materia fecal humana y en el 84% de las muestras de orina. Asimismo, en la totalidad de las muestras de sangre analizadas en el país se detectaron mezclas de entre 2 y 10 plaguicidas diferentes. El estudio constató además que las concentraciones registradas en Argentina resultaron superiores a las observadas en los países europeos participantes.
Censura institucional y expediente sumarial
En junio de 2023, las autoridades del INTA suspendieron las reuniones donde se presentarían los resultados a los voluntarios participantes. Posteriormente, el organismo decidió retirar a Argentina del consorcio internacional y abrir un sumario administrativo contra la investigadora.
El procedimiento le imputó ocho faltas vinculadas con el envío de muestras al exterior, aspectos del protocolo bioético y manejo de información. Sin embargo, la resolución reconoció formalmente que no se acreditó perjuicio fiscal para el Estado ni beneficio económico personal para la investigadora.
Denuncia de autocensura y estrategia judicial
En declaraciones brindadas al diario Página/12, Aparicio advirtió sobre el verdadero trasfondo de la medida institucional: “No hay nada en claro que justifique el hecho de apartarme de la administración pública. Lo que quieren es generar miedo para que el resto de los investigadores se autocensuren; quieren que se dejen de investigar los temas verdaderamente importantes, los temas sensibles”.
Tras quedar agotada la instancia administrativa con la firma de la exoneración, la defensa técnica confirmó que acudirá a la Justicia Contencioso-Administrativa Federal para demandar la nulidad de la resolución.
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