En una jornada de alcance federal, la comunidad académica y la sociedad civil reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario frente a una caída de fondos del 45,6% y salarios que tocan mínimos históricos en más de dos décadas.
MARCHA HISTORICA:foto NA
La cuarta Marcha Federal Universitaria se convirtió este martes en un hito de movilización social cuando una multitud de aproximadamente 600 mil personas colmó la Plaza de Mayo y sus alrededores en un reclamo unificado por la supervivencia del sistema de educación superior y ciencia. La convocatoria, que tuvo réplicas masivas en ciudades como Córdoba, Rosario, Salta y Mendoza, centró su demanda en la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, en un contexto que el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, describió como «dramático» y de una precariedad que pone en riesgo la continuidad de las clases más allá de unos meses. El documento final, leído por la Federación Universitaria Argentina (FUA), denunció un «desprecio institucional sin precedentes» por parte del Poder Ejecutivo al ignorar una normativa sancionada por el Congreso y ratificada por la Justicia, advirtiendo que lo que está en juego no es solo un presupuesto, sino el contrato social que sostiene el estado de derecho.
La gravedad de la crisis se sustenta en cifras alarmantes que muestran una caída real acumulada del 45,6% en las transferencias a universidades nacionales entre 2023 y 2026, representando una desinversión inédita. Este ajuste ha impactado directamente en los trabajadores del sector, cuyos salarios han perdido un 32% de su poder adquisitivo desde finales de 2023, situándose actualmente en el nivel más bajo de los últimos 23 años. Paralelamente, los gastos de funcionamiento —vitales para mantener los edificios abiertos y pagar servicios básicos— operan con apenas el 40% de los valores de inicios de 2023, lo que ha generado un desfasaje financiero constante que las facultades ya no pueden compensar.
Las consecuencias tangibles de esta falta de fondos se manifiestan en una preocupante fuga de talentos. Según datos oficiales de la UBA, la Facultad de Ciencias Exactas ha registrado la baja de 440 docentes investigadores, mientras que Ingeniería y Veterinaria también sufrieron renuncias masivas de profesionales calificados. A esto se suma el desmantelamiento de programas estratégicos: las partidas para ciencia y técnica se han reducido a menos del 40% de lo ejecutado en 2023, y el financiamiento de las Becas Progresar se desplomó un 95% en términos reales, eliminando herramientas clave para el acompañamiento de las trayectorias estudiantiles más vulnerables.
Mientras la magnitud de la protesta capturaba la atención de medios internacionales como CNN, El País (Uruguay) y la agencia ANSA —que destacaron cómo la multitud desafió las políticas de ajuste de Javier Milei—, la respuesta oficial del Gobierno fue tildar la movilización de «completamente política». Funcionarios como el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, cuestionaron el sistema de financiamiento y la relación entre gasto y graduados, en un clima de tensión que el rector Gelpi lamentó debido a la «violencia verbal» imperante. En el cierre del acto, los rectores subrayaron que la universidad pública es un recurso estratégico para la soberanía científica y el desarrollo industrial del país, concluyendo que si no se defiende la educación hoy, el futuro de prosperidad para la Argentina será solo un sueño
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