La seccional local de SUTEBA presentó una nota formal en la oficina de ANSES de Rauch para manifestar su rechazo a lo que consideran un proceso de desfinanciamiento del sistema previsional y reclamar el envío de fondos adeudados a la provincia.
La presentación, fechada el 20 de abril, fue dirigida a las autoridades del organismo y expone la preocupación del gremio por la situación tanto del sistema previsional nacional como de las cajas provinciales. En ese marco, uno de los puntos centrales del reclamo es el cumplimiento del Decreto 730/18, mediante el cual —según indicaron— el Estado nacional mantiene una deuda estimada en 2,2 billones de pesos con el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires. Desde el sindicato advirtieron que esta situación impacta de manera directa en los jubilados y jubiladas bonaerenses.
En el documento presentado, SUTEBA Rauch también describe un escenario económico que, a su entender, agrava la problemática previsional. Mencionan la caída del empleo registrado, el aumento de la desocupación y la disminución del consumo como factores que afectan la recaudación, especialmente a través del IVA, y repercuten en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. A esto suman su preocupación por posibles reformas que impliquen una reducción de aportes patronales, lo que —afirman— profundizaría el desfinanciamiento del sistema.
El reclamo local se inscribe en un contexto nacional que los gremios califican como crítico. Desde la organización señalaron además una reducción de personal en el organismo, el cierre de oficinas en distintos puntos del país y la implementación de retiros voluntarios. En ese sentido, advirtieron sobre un posible “vaciamiento” y recordaron que existen presentaciones judiciales iniciadas a fines de 2023 que alertan sobre la pérdida de puestos de trabajo.
Un planteo que trasciende lo local
Desde SUTEBA Rauch remarcaron que la iniciativa busca visibilizar una problemática que excede al distrito y que afecta al conjunto del sistema previsional. Por ello, reclamaron al Gobierno nacional que garantice la transferencia de recursos a las provincias y el sostenimiento de los sistemas públicos, en defensa de los derechos de trabajadores y jubilados.
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