La abogada querellante Moira Goldenhorn confirmó que la investigación alcanzó el umbral necesario para ir a juicio. Mientras una causa ya tiene fecha para septiembre, otra espera resolución de la Cámara de Apelaciones.
La causa por abuso sexual simple contra el exconcejal camporista Diego Grieco fue elevada a juicio, marcando un punto clave en el proceso judicial. Según explicó la abogada de las víctimas, Moira Goldenhorn, esta instancia representa “el desenlace normal de una investigación que reúne motivos suficientes para sostener una alta sospecha de que se cometió un delito”.
Se trata de la segunda causa que alcanza esta etapa contra el exedil. Una de ellas ya cuenta con fecha de audiencias prevista para septiembre de este año, mientras que la otra se encuentra a la espera de lo que resuelva la Cámara de Apelaciones. “Estamos en plena instancia de apelación, aguardando su resolución”, indicó la letrada.
Goldenhorn remarcó que la decisión judicial se apoya en un conjunto de pruebas consideradas relevantes, entre las que se destacan las pericias psicológicas y psiquiátricas realizadas tanto a las denunciantes como al acusado, además de una importante cantidad de testimonios. “No son solo las víctimas quienes declararon; hay otros testigos que respaldan los hechos denunciados”, sostuvo. En contraposición, señaló que desde la defensa predominan declaraciones de allegados personales o vinculados políticamente al imputado.
La abogada también se refirió al contexto en el que se desarrolló la causa, atravesado por la exposición pública del acusado. Si bien reconoció que se trata de una figura política, insistió en la necesidad de separar ese aspecto del proceso judicial: “Aquí se juzgan conductas concretas. Los hechos denunciados son graves y deben analizarse en ese marco”.
En su análisis, Goldenhorn advirtió además sobre demoras en el inicio de la investigación penal. Según explicó, en una primera etapa no se registraron avances significativos en ese ámbito, lo que obligó a recurrir al fuero contencioso administrativo para obtener medidas de protección para las denunciantes. A partir de esa intervención, la causa tomó impulso en la Justicia penal.
En paralelo, cuestionó la ausencia de medidas administrativas frente a la situación del exconcejal. “Hay dos causas elevadas a juicio y no existe, hasta el momento, un sumario administrativo”, expresó, y planteó interrogantes sobre la continuidad de ciertos beneficios laborales vinculados al sistema de salud pública.
Respecto al estado de las víctimas, la abogada señaló que, si bien valoran el avance del proceso, atraviesan un escenario complejo. “Son años de desgaste. Siguen desarrollando sus actividades en un entorno donde persisten estructuras de poder vinculadas al denunciado, lo que genera un contexto difícil de sobrellevar”, explicó. En ese sentido, remarcó que los delitos de este tipo suelen implicar procesos largos y emocionalmente exigentes, lo que muchas veces demora las denuncias.
De cara a lo que viene, el desarrollo de los juicios será determinante para esclarecer los hechos. Uno de ellos ya tiene fecha fijada para septiembre, mientras que el otro dependerá de la resolución de la instancia de apelación. En ese marco, Goldenhorn subrayó la importancia de avanzar en este tipo de causas: “Denunciar es fundamental para que estos hechos puedan investigarse y para que, como sociedad, se pueda seguir construyendo un camino hacia la justicia”.
Acerca del autor
