El Senado dio media sanción a un proyecto que modifica la histórica norma ambiental. El Gobierno defiende los cambios, mientras que especialistas y organizaciones alertan por un posible retroceso en la protección del agua.
La reforma de la Ley de Glaciares volvió al centro del debate nacional tras la aprobación del proyecto en el Senado, en el marco de las sesiones extraordinarias de 2026. La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, introduce cambios sustanciales en el régimen de protección ambiental vigente desde 2010 y ahora deberá ser tratada en la Cámara de Diputados.
La norma original —Ley 26.639— fue considerada una de las más avanzadas del mundo en materia ambiental, ya que establecía la protección integral de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce.
LOS PRINCIPALES CAMBIOS
Uno de los ejes centrales de la reforma es la redefinición del alcance de la protección. A diferencia de la ley vigente, que resguarda todos los glaciares y áreas periglaciales, el nuevo proyecto limita esa tutela a aquellos que tengan una “función hídrica relevante” comprobable.
Esto implica que algunas zonas actualmente protegidas podrían quedar fuera del régimen ambiental.
Además, la iniciativa otorga mayor poder a las provincias, que pasarían a tener la facultad de definir qué áreas proteger y en cuáles habilitar actividades productivas, como la minería.
Otro punto clave es la flexibilización de las restricciones en zonas periglaciales. La reforma propone reemplazar prohibiciones generales por evaluaciones ambientales caso por caso, lo que podría abrir la puerta a emprendimientos extractivos en áreas cercanas a glaciares.
LOS ARGUMENTOS DEL GOBIERNO
Desde el oficialismo sostienen que la modificación busca “ordenar” la normativa tras más de una década de vigencia, mejorar la coordinación entre Nación y provincias y dar mayor previsibilidad a las inversiones.
Según esta postura, no se trata de eliminar la protección ambiental, sino de hacerla más precisa y compatible con el desarrollo económico.
LAS CRÍTICAS Y ALERTAS
Sin embargo, el proyecto generó un fuerte rechazo en sectores ambientalistas, académicos y jurídicos.
Especialistas advierten que la reforma podría significar un retroceso en los llamados “presupuestos mínimos” de protección ambiental establecidos por la Constitución Nacional, al permitir que cada provincia reduzca los niveles de resguardo.
También señalan que limitar la protección solo a glaciares con función hídrica comprobada debilita el principio precautorio, clave en materia ambiental.
Desde Greenpeace Argentina fueron contundentes en su rechazo a la iniciativa. La organización advirtió que la reforma “abre la puerta a actividades extractivas en zonas que hoy están protegidas” y pone en riesgo reservas clave de agua dulce.
Además, remarcaron que los glaciares no solo cumplen una función hídrica inmediata, sino que forman parte de un sistema ambiental más amplio, fundamental para el equilibrio climático y la provisión futura de agua.
En ese sentido, desde la ONG impulsan una campaña de concientización y movilización ciudadana, convocando a la población a involucrarse activamente en la defensa de estos ecosistemas.
CONVOCATORIA A LA PARTICIPACIÓN
Organizaciones ambientalistas, entre ellas Greenpeace Argentina, lanzaron una convocatoria abierta para que la ciudadanía “se anote” y participe en acciones de defensa de los glaciares.
La iniciativa incluye la adhesión a petitorios, campañas digitales, difusión en redes sociales y posibles movilizaciones en distintos puntos del país.
“El objetivo es que la sociedad haga oír su voz antes de que la ley sea modificada definitivamente”, señalaron desde el espacio, destacando que se trata de un recurso estratégico para las generaciones presentes y futuras.
UN DEBATE QUE RECIÉN EMPIEZA
La reforma de la Ley de Glaciares abre un debate profundo entre desarrollo económico y protección ambiental, con implicancias directas sobre recursos estratégicos como el agua.
Mientras el oficialismo busca avanzar con su aprobación definitiva, distintos sectores anticipan que la discusión continuará en el Congreso, en la Justicia y en la calle, en lo que ya se perfila como uno de los temas ambientales más sensibles del año.
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