Los bloques de la oposición en Rauch marcan la agenda legislativa con reclamos que exponen la fricción política interna. Mientras desde Fuerza Patria se impulsa una ordenanza para multar a funcionarios que no brinden información, el bloque Somos Buenos Aires exige al presidente del cuerpo, Jorge Barrena, un trato igualitario tras la inclusión de proyectos fuera de término.
El Honorable Concejo Deliberante de Rauch es escenario de un clima de creciente confrontación política, alimentado por dos expedientes que ponen bajo la lupa tanto la transparencia del Poder Ejecutivo como el manejo institucional del propio cuerpo deliberativo. Las iniciativas, presentadas por los concejales Alberto Martín y Miriam Larrocea, reflejan un fuerte cuestionamiento a las «reglas de juego» actuales.
Ponen plazo y sanciones a la falta de respuestas del Ejecutivo
El concejal Alberto Manuel Martín, del bloque Fuerza Patria, ingresó el expediente C-68-06-26, un Proyecto de Ordenanza que busca terminar con lo que califica como la «habitual falta de respuestas» a los pedidos de informes por parte del gobierno municipal.
La propuesta legislativa estipula que toda requisitoria de información emanada del Concejo deberá ser contestada de forma «precisa y completa» en un plazo máximo de 20 días corridos. El punto más polémico y que genera mayor impacto político es la introducción de sanciones económicas: de aprobarse, el incumplimiento será considerado una «falta grave» y podría castigarse con una multa de hasta el 20% del salario del Intendente, Secretarios o Directores involucrados.
Según los fundamentos del proyecto, Rauch carece de una norma específica que regule estos plazos, lo que genera que la falta de respuestas no tenga efecto alguno sobre el funcionario incumplidor, atentando contra las facultades de control y fiscalización del Deliberativo.
Reclamo por «privilegios» en el orden del día
En paralelo, la interna del Concejo se recalentó con una nota presentada por la concejal Miriam Emilce Larrocea, del bloque Somos Buenos Aires, dirigida al presidente del cuerpo, Jorge Barrena.
Larrocea denunció públicamente un «nuevo precedente» en el manejo de las sesiones, señalando que en la última jornada se incorporó al orden del día un proyecto «a última hora» perteneciente al bloque oficialista que integra el propio Presidente. La edil recordó que, bajo administraciones anteriores, esta práctica no estaba permitida por razones de organización interna.
Ante lo que consideran un privilegio para el bloque oficialista, la oposición exigió un «trato estrictamente igualitario». En concreto, solicitaron que se garantice a todos los bloques el derecho de subir proyectos a la plataforma digital hasta las 19:30 horas para asegurar su inclusión en la sesión ordinaria correspondiente, formalizando así un nuevo horario límite de cierre.
Este doble frente de conflicto expone una etapa de rigurosidad legislativa, donde el control sobre el uso del tiempo y la transparencia en la información pública se han vuelto las principales armas de debate en el recinto.
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