Casi 10.000 hectáreas rurales del partido de Rauch están registradas en manos extranjeras. Representan el 2,39% de su superficie rural: un porcentaje inferior al promedio bonaerense, pero suficiente para sacar la discusión del terreno abstracto.
Mientras el Senado analiza una reforma que eliminaría los principales límites impuestos a compradores privados extranjeros, el debate también llegó a la sede local de SUTEBA.
La discusión sobre la extranjerización de la tierra suele aparecer envuelta en cifras nacionales, conceptos jurídicos y consignas políticas. Sin embargo, cuando los datos se llevan al mapa, el problema adquiere una dimensión más concreta.
Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, el partido de Rauch posee 416.431,43 hectáreas computadas como superficie rural. De ellas, 9.942,61 hectáreas están registradas bajo titularidad extranjera. Es el 2,39%: aproximadamente una de cada 42 hectáreas rurales.
La cifra no coloca a Rauch entre los municipios bonaerenses con mayor extranjerización. Tampoco permite hablar de una emergencia local. Pero confirma que el fenómeno existe en el distrito y que la discusión sobre el régimen jurídico de la tierra no es completamente ajena a la comunidad.
Los datos proceden de la publicación oficial del Registro Nacional de Tierras Rurales, organismo encargado de reunir la información declarada en el marco de la Ley 26.737.
MAPA INTERACTIVO 1. BUENOS AIRES.
Presionando sobre cada partido se obtiene el nombre y el porcentaje de tierra extranjerizada.
Porcentaje de superficie rural registrada bajo titularidad extranjera. Elaboración propia del Observatorio Político de Rauch sobre datos del Registro Nacional de Tierras Rurales.
UNA DIFERENCIA QUE CONVIENE ACLARAR.
En la presentación realizada en SUTEBA Rauch se mencionó que el partido tiene alrededor de 431.645 hectáreas. Esa cifra puede corresponder a la superficie territorial total del municipio.
El Registro Nacional, en cambio, utiliza como denominador 416.431,43 hectáreas rurales. La diferencia no es necesariamente una contradicción: la Ley 26.737 considera tierra rural a la ubicada fuera del ejido urbano, con independencia del uso productivo que reciba.
Por eso, para calcular el porcentaje de extranjerización debe utilizarse la superficie rural reconocida por el registro y no la superficie geográfica completa del partido.
RAUCH, EN EL CONTEXTO BONAERENSE.
En toda la provincia de Buenos Aires, el registro informa 28.833.860,64 hectáreas rurales, de las cuales 827.341,13 están en manos extranjeras. El porcentaje provincial es del 2,87%.
Rauch, con el 2,39%, se encuentra apenas por debajo de ese promedio. Su situación también es semejante a la de varios distritos de la región:
El mapa bonaerense, sin embargo, muestra importantes desigualdades internas. Campana registra un 50,27% y Zárate un 24,80%. Benito Juárez alcanza el 13,40% y reúne cerca de 68.000 hectáreas extranjerizadas.
Estos valores deben leerse con cuidado. Un porcentaje elevado puede resultar de una gran cantidad de tierra extranjerizada, pero también de un denominador rural pequeño. Campana, por ejemplo, tiene una superficie rural muy inferior a la de los grandes partidos agropecuarios.
Por eso el porcentaje no debe analizarse solo: es necesario observar al mismo tiempo la cantidad de hectáreas y las características territoriales de cada municipio.
DE BUENOS AIRES A SALTA: DOS REALIDADES DISTINTAS.
La comparación con Salta permite advertir hasta qué punto la extranjerización presenta configuraciones territoriales diferentes.
Buenos Aires registra un 2,87% provincial. Salta llega al 11,40%: casi cuatro veces más. En nueve de sus 23 departamentos, la participación extranjera supera el límite del 15% establecido por la legislación vigente.
San Carlos alcanza el 59,82%; Molinos, el 57,79%; Guachipas, el 33,84%; General Güemes, el 28,82%; y La Viña, el 28,22%. El departamento de Anta, aunque registra un porcentaje menor —14,69%—, reúne más de 322.000 hectáreas extranjerizadas.
MAPA INTERACTIVO 2. SALTA.
Presionando sobre cada partido se obtiene el nombre y el porcentaje de tierra extranjerizada.
Los dos mapas emplean la misma escala de colores. Esto permite comparar porcentajes sin exagerar ni reducir visualmente las diferencias provinciales.
La comparación no significa que Buenos Aires carezca de un problema ni que toda inversión extranjera tenga las mismas características. Muestra que una regla nacional opera sobre territorios muy diferentes y que cualquier modificación legal producirá consecuencias desiguales.
QUÉ ESTABLECE ACTUALMENTE LA LEY DE TIERRAS.
La Ley 26.737, sancionada en 2011, no prohíbe la propiedad extranjera de tierras rurales. Establece límites.
Entre sus disposiciones centrales se encuentran:
Un máximo del 15% de titularidad extranjera sobre la superficie rural nacional.
El mismo límite del 15% en cada provincia, municipio, departamento o división política equivalente.
Un máximo del 30% de la participación extranjera para titulares de una misma nacionalidad.
Un límite individual equivalente a 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo, ajustable según la ubicación y capacidad productiva.
Restricciones para la adquisición de inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes.
La referencia de la ley a “departamentos” no introduce una división territorial distinta en Buenos Aires. En esta provincia, la unidad equivalente es el partido o municipio. Por eso los límites deben controlarse también en cada uno de los 135 partidos bonaerenses.
QUÉ CAMBIARÍA EL PROYECTO QUE ANALIZA EL SENADO.
El dictamen de mayoría incorporado en la Orden del Día 104/26 del Senado propone una reforma mucho más extensa que una simple actualización administrativa.
Su artículo 29 contempla la derogación de varios artículos centrales de la Ley 26.737, incluidos aquellos que fijan:
- El límite general del 15%.El límite por nacionalidad.
- El tope individual de superficie.
- Las restricciones relacionadas con cuerpos de agua.
El texto sustituto mantendría una prohibición dirigida principalmente a Estados extranjeros, organismos estatales y entidades controladas o influidas por gobiernos extranjeros. Pero las personas extranjeras y las sociedades privadas dejarían de estar sometidas a los topes generales que rigen actualmente.
Dicho de otro modo: la reforma desplazaría el eje de la ley. El control ya no recaería principalmente sobre la magnitud de la propiedad extranjera privada, sino sobre la participación directa o indirecta de otros Estados.
El proyecto también incluye modificaciones sobre expropiaciones, desalojos, incendios y registros inmobiliarios. Su expediente puede consultarse en el sitio oficial del Senado.
EL DEBATE LLEGÓ A RAUCH.
La discusión nacional tuvo este lunes una expresión local en la sede de SUTEBA Rauch, durante una presentación en la que participaron Daniel Marín, Ivana Sainz y Laura Villalba.
El encuentro estuvo atravesado por el conflicto educativo y el rechazo sindical a los recortes presupuestarios, pero también incorporó la cuestión territorial. Villalba convocó a acompañar la movilización prevista durante el tratamiento legislativo y vinculó el debate sobre la tierra con la defensa de la soberanía nacional.
La actividad puede ser consultada en el portal de Rauch News (leer nota relacionada). La posición del sindicato también coincide con el pronunciamiento público de SUTEBA contra la modificación del régimen de tierras rurales.
Se trata de una posición política concreta, sostenida desde el ámbito sindical. No reemplaza el análisis de los datos, pero incorpora una dimensión que las planillas no muestran: quiénes consideran que la tierra debe ser tratada como un activo económico y quiénes la entienden, además, como una pieza de la soberanía territorial.
INVERSIÓN, FEDERALISMO Y CAPACIDAD DE CONTROL.
Los defensores de una flexibilización pueden argumentar que los límites desalientan inversiones, reducen la circulación de capital y establecen diferencias según la nacionalidad del comprador.
El problema es que eliminar los topes no equivale solamente a simplificar trámites. Implica abandonar una herramienta preventiva. El Estado podría continuar registrando operaciones, pero perdería la capacidad de impedir que la concentración supere determinados umbrales.
También aparece una discusión federal. Las provincias conservan competencias sobre sus territorios y recursos naturales, pero la ley nacional establece actualmente un piso común. Si ese piso desaparece, cada provincia quedará más expuesta a sus propias capacidades administrativas, legislativas y políticas.
La consecuencia podría ser un país con niveles muy desiguales de protección: provincias con regulaciones específicas y registros sólidos, y otras con escasas herramientas para conocer quién compra, cuánto acumula o qué recursos quedan involucrados.
Para los municipios, la limitación es todavía mayor. Rauch puede ordenar usos del suelo, mejorar su información catastral y participar del debate público, pero no dispone por sí solo de instrumentos equivalentes a los límites nacionales de propiedad.
LO QUE LOS DATOS OFICIALES TODAVÍA NO MUESTRAN.
El registro permite conocer hectáreas y porcentajes por jurisdicción. No permite determinar públicamente, con el mismo nivel de detalle:
- Quiénes son los titulares finales.
- Cuál es su nacionalidad.
- Dónde están ubicadas exactamente las parcelas.
- Qué uso productivo reciben.
- Si contienen cursos de agua, humedales u otros recursos estratégicos.
- En qué momento se produjo cada adquisición.
Esta ausencia limita el debate. Dos municipios pueden registrar el mismo porcentaje y enfrentar situaciones completamente diferentes según la localización de las parcelas, la concentración en pocos propietarios o los recursos comprendidos.
Antes de reducir controles, una política pública consistente debería mejorar la transparencia, la actualización periódica y el acceso territorializado a la información.
RAUCH: UN DATO MODERADO, UNA DISCUSIÓN RELEVANTE.
Las 9.942 hectáreas extranjerizadas de Rauch no describen una situación extrema. Pero tampoco son una abstracción. Constituyen una superficie concreta y muestran que el distrito ya forma parte del fenómeno regulado por la ley.
La pregunta política no consiste únicamente en determinar si el 2,39% es mucho o poco. Consiste en decidir si el país debe conservar límites preventivos o dejar que la evolución futura dependa principalmente de las operaciones del mercado.
Buenos Aires muestra una extranjerización relativamente baja, aunque con fuertes diferencias municipales. Salta revela qué ocurre cuando el fenómeno alcanza una escala territorial mucho mayor. Observar ambos mapas permite comprender por qué una misma reforma puede parecer distante en Rauch y, al mismo tiempo, decisiva en otras regiones.
El mapa no resuelve el debate. Pero impide discutirlo a ciegas.
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