DESREGULAR LA ECONOMÍA, REGULAR LA SOCIEDAD.
En poco más de un mes, La Libertad Avanza Rauch realizó dos presentaciones ante el Concejo Deliberante. En la primera pidió acompañar la desregulación del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV). En la segunda reclamó que el Municipio regularice los acuerdos con ONG, cooperativas, instituciones y organizaciones que utilizan predios municipales. Leídas rápidamente, las dos iniciativas parecen contradictorias. En un caso se pide desregular. En el otro, regular. Sin embargo, una mirada más atenta permite advertir que detrás de ambas posiciones existe una concepción política bastante definida sobre la libertad, el Estado y los actores que merecen su confianza.
NO SE TRATA DE UNA SUMA DE OCURRENCIAS.
El 3 de julio, referentes de La Libertad Avanza Rauch solicitaron al Concejo Deliberante que promoviera la adhesión de la provincia de Buenos Aires a las modificaciones introducidas por el Gobierno nacional en el sistema de revisión técnica vehicular. La presentación buscaba permitir que nuevos talleres privados pudieran incorporarse como prestadores, ampliar la oferta y fomentar la competencia. Posteriormente, la iniciativa fue formalizada y defendida en el recinto por el concejal Andrés Almandoz, de Somos Buenos Aires.
La propuesta no elimina la VTV. Los vehículos seguirían obligados a someterse a una revisión periódica y los talleres deberían cumplir requisitos para ser habilitados. Lo que se busca desregular no es el control técnico sino el mercado de prestadores. El Estado conserva la obligación, establece las condiciones y fiscaliza, pero abre una actividad hasta ahora restringida a un número limitado de plantas.
El 7 de agosto, Gustavo D’Yuanini, quien firmó la presentación como vecino perteneciente a La Libertad Avanza Rauch, pidió que el Concejo Deliberante solicitara al Departamento Ejecutivo el “cumplimiento y/o regularización de acuerdos y convenios” con ONG, instituciones, cooperativas, cooperadoras y otros grupos que utilizan predios municipales o desarrollan actividades comerciales en esos espacios.
El planteo sostiene que el Municipio no puede mantener “acuerdos de palabra” y que quienes utilicen o exploten predios municipales deben contar con un marco legal y con la aprobación del Departamento Legislativo. También afirma que la comunidad no debería hacerse cargo de hechos producidos en esos lugares y que, por ser titular de los inmuebles, el Municipio debería responder ante eventuales demandas de terceros.
Una parte del pedido tiene fundamento. La «Ley Orgánica de las Municipalidades» establece que el otorgamiento gratuito del uso y ocupación de bienes municipales a entidades de bien público con personería jurídica requiere autorización del Concejo y el voto de dos tercios de sus integrantes. También reserva al cuerpo deliberativo la autorización de convenios, arrendamientos y otras formas de disposición de bienes municipales.
Si existen predios entregados de manera estable mediante simples acuerdos verbales, corresponde formalizar esa situación. No es una exigencia inventada.
Pero la presentación da por supuesta la existencia de irregularidades sin exhibir pruebas. No identifica ningún predio, organización, convenio incumplido o acuerdo de palabra. Tampoco acompaña documentación, informes administrativos o antecedentes de accidentes y demandas que permitan conocer el alcance real del problema.
Esto no significa que las irregularidades no existan. Significa algo más básico: con la información presentada no pueden darse por comprobadas. Antes de reclamar una regularización general, hubiera sido razonable solicitar al Ejecutivo un relevamiento de los predios municipales utilizados por terceros, las organizaciones involucradas, los instrumentos jurídicos vigentes, las habilitaciones y los seguros contratados.
Además, la nota reúne bajo una misma sospecha situaciones que jurídicamente pueden ser muy diferentes. No es lo mismo una cesión gratuita y permanente que un arrendamiento, un permiso precario, una autorización ocasional o un convenio de colaboración.
También exagera el riesgo al sugerir que, por ser propietario, el Municipio debería responder por cualquier hecho ocurrido en esos espacios. La titularidad puede provocar que sea demandado, pero no determina automáticamente su responsabilidad. Para establecerla habría que conocer qué produjo el daño, quién organizaba la actividad, quién tenía a cargo el mantenimiento y la seguridad, y si existió una acción u omisión municipal relacionada causalmente con el hecho.
Reconocer estas limitaciones no elimina el contenido político de la presentación. Al contrario, permite observarlo con mayor precisión.
En la VTV, los talleres privados aparecen como actores que deben ser liberados de restricciones para que la competencia mejore el servicio. En el segundo pedido, las ONG, cooperativas y organizaciones que utilizan colectivamente bienes municipales aparecen asociadas con la informalidad, el riesgo y la necesidad de supervisión.
La iniciativa privada recibe una presunción de libertad. La organización colectiva, una exigencia de justificación.
La diferencia no surge de una confusión ocasional entre regular y desregular. Expresa una selección política:
qué actividades deben ser liberadas, qué actores deben ser controlados y frente a quiénes el Estado debe retirarse o reforzar su presencia.
NO ES MENOS ESTADO. ES OTRO TIPO DE ESTADO
Sería sencillo presentar estas posiciones como una contradicción. Un día se pide desregular y al siguiente se reclama control. Pero esa lectura, además de superficial, impide comprender el fenómeno político.
No estamos ante dirigentes que repiten ideas inconexas sin advertir sus propias inconsistencias. Existe una tradición política detrás de estas decisiones.
El pensamiento libertario coloca en el centro la libertad individual, la propiedad privada y los acuerdos voluntarios. Desde esa perspectiva, el Estado debe intervenir lo menos posible en los intercambios económicos, reducir regulaciones y dejar que las personas decidan cómo producir, contratar e invertir.
Sin embargo, ni siquiera las versiones que defienden un Estado mínimo proponen que desaparezca toda autoridad pública. Ese Estado conserva funciones decisivas: proteger la propiedad, hacer cumplir los contratos, administrar justicia y garantizar la seguridad.
El mercado tampoco funciona sin reglas. Para que exista competencia deben definirse derechos, responsabilidades, condiciones de acceso y mecanismos para resolver conflictos.
La desregulación no elimina necesariamente al Estado. Modifica su intervención y, muchas veces, reemplaza la prestación directa por un sistema en el que organismos públicos habilitan, fiscalizan y sancionan a operadores privados.
La propuesta sobre la VTV lo muestra con claridad. El Estado se retira como organizador exclusivo de la oferta, pero permanece como autoridad que impone el control vehicular.
Por eso, la discusión no pasa simplemente por estar a favor o en contra del Estado. La verdadera pregunta es qué funciones debe conservar, frente a quiénes debe limitarse y sobre qué actores debe ejercer su capacidad de regulación.
En ese punto, el libertarianismo económico se encuentra con el conservadurismo social.
Buena parte de la nueva derecha internacional combina una defensa intensa de la libertad económica con una reivindicación igualmente intensa del orden, la autoridad y la seguridad. No todos sus integrantes sostienen el mismo programa. Donald Trump recurre al proteccionismo y los aranceles; Nayib Bukele construyó un Estado centralizado y punitivo; Giorgia Meloni mantiene políticas sociales que un libertario radical podría cuestionar. Las diferencias son importantes.
Lo que comparten no es una única receta económica, sino una manera de ordenar el conflicto político. Aparecen la crítica a las élites tradicionales, el rechazo al progresismo, la llamada “batalla cultural”, la construcción de enemigos internos y la promesa de recuperar un orden supuestamente perdido.
La Libertad Avanza participa de esa combinación. En el terreno económico propone apertura, competencia, privatización y reducción de regulaciones. En materia de seguridad y protesta social, en cambio, reivindica un Estado con mayor capacidad de control y sanción.
La misma fuerza que considera que la intervención estatal puede asfixiar la iniciativa privada sostiene que “el orden público es sagrado”.
No hay allí una desaparición del Estado. Hay una redistribución de sus capacidades.
El Estado se vuelve más limitado cuando regula mercados, redistribuye recursos o presta determinados servicios. Pero recupera legitimidad cuando protege la propiedad, garantiza contratos o disciplina comportamientos considerados disruptivos.
La libertad tampoco se aplica de igual manera en todas las esferas.
El emprendedor, el propietario, el productor o el inversor aparecen como sujetos que deben ser liberados de trabas burocráticas. La organización colectiva, el beneficiario de una política social o quien protesta puede quedar sometido a otra mirada: debe explicar qué hace, demostrar que cumple los requisitos y justificar por qué merece utilizar recursos o espacios compartidos.
NO SE DESCONFÍA DE TODOS POR IGUAL.
Eso no significa que toda regulación sobre bienes municipales sea conservadora ni que las organizaciones sociales deban quedar exentas de controles. El Municipio tiene la obligación de proteger su patrimonio, formalizar convenios y establecer responsabilidades. La cuestión política aparece en la selección de los problemas, los actores observados y las presunciones aplicadas sobre cada uno.
A unos se los considera capaces de ordenar mediante la competencia. A otros se los coloca bajo sospecha hasta que demuestren la legitimidad de su presencia.
CUANDO LOS LIBERTARIOS LE PIDEN AL ESTADO
La tensión no aparece solamente en Rauch.
En distintos concejos deliberantes, representantes de La Libertad Avanza han presentado proyectos para que los gobiernos municipales realicen obras, mejoren servicios, refuercen controles y destinen recursos públicos a necesidades concretas.
El caso de Montecarlo, en Misiones, es especialmente ilustrativo. Durante 2026, el bloque libertario solicitó al Departamento Ejecutivo asfaltado, construcción de veredas, instalación de luminarias, mantenimiento de calles, limpieza, desmalezamiento, apertura de cunetas, colocación de reductores de velocidad y construcción de refugios peatonales.
También pidió información o intervenciones sobre centros de atención primaria de la salud, becas estudiantiles, políticas para personas mayores, atención a la mujer, control de la contaminación acústica, recolección de residuos, tierras fiscales y accesibilidad del transporte público. Los proyectos pueden consultarse en los «órdenes del día del Concejo Deliberante de Montecarlo».
En la Legislatura bonaerense ocurre algo parecido. El bloque de La Libertad Avanza presentó una iniciativa para solicitar la reparación, demarcación y señalización del acceso a San Pedro por la Ruta Provincial 191. En períodos anteriores, legisladores del mismo espacio reclamaron la recomposición de las rutas 29, 30 y 74. Las iniciativas figuran en el registro de la «Cámara de Diputados bonaerense».
Ninguno de esos pedidos resulta absurdo. Las calles deben mantenerse, las rutas necesitan señalización y los barrios requieren iluminación. Tampoco sería razonable sostener que una fuerza liberal pierde automáticamente su identidad cada vez que reclama una obra pública.
La práctica territorial muestra algo que el discurso general suele ocultar: incluso quienes proponen reducir drásticamente al Estado necesitan recurrir a él cuando deben responder a demandas concretas.
No hay un mercado espontáneo que pavimente una calle barrial sin perspectivas de rentabilidad. La competencia no reemplaza por sí sola una luminaria, una vereda, un refugio peatonal o la limpieza de un desagüe. Cuando esas necesidades ingresan al Concejo, los representantes libertarios no les piden a los vecinos que esperen una solución privada. Le reclaman al Municipio que intervenga.
El Estado que en el discurso aparece como obstáculo vuelve a ser necesario en el territorio.
Esta constatación no invalida todo cuestionamiento sobre el gasto público. Exigir eficiencia, controlar costos y discutir prioridades son funciones centrales de cualquier oposición.
El problema surge cuando el Estado es presentado como un mal en sí mismo y, al mismo tiempo, se le demanda que resuelva una lista creciente de necesidades sin explicar con qué recursos, personal y capacidades debería hacerlo.
Cada pedido de asfaltado, iluminación o mantenimiento supone presupuesto. También supone trabajadores municipales, maquinaria, planificación, compras, controles y decisiones sobre qué barrio será atendido primero. Es decir, POLÍTICA.
La administración local obliga a abandonar ciertas abstracciones. En una ciudad, gobernar no consiste solamente en eliminar regulaciones. También hay que recoger residuos, mantener calles, ordenar el tránsito, cuidar espacios verdes, atender emergencias y sostener servicios que difícilmente puedan organizarse como un intercambio entre particulares.
Por eso, cuando la discusión libertaria llega al nivel municipal, el problema deja de ser cuánto Estado existe en términos generales. La pregunta pasa a ser qué hace, cómo lo hace, quién lo financia y a quién beneficia.
LIBERTAD PARA QUIÉN.
La selección no alcanza únicamente a las funciones estatales. También diferencia sujetos.
En el discurso libertario, el emprendedor, el productor, el comerciante y el propietario suelen aparecer como personas que generan riqueza a pesar del Estado. La burocracia limita sus iniciativas, los impuestos reducen sus ingresos y las regulaciones dificultan sus decisiones. Liberarlos significaría permitir que desplieguen capacidades que ya poseen.
La mirada cambia cuando se dirige hacia quienes necesitan una política pública, utilizan un bien común o actúan mediante organizaciones colectivas. Allí aparecen otras preguntas: si cumplen los requisitos, si realmente lo necesitan, si el costo se justifica, si existe abuso o si el Estado debería continuar interviniendo.
NO SE APLICA LA MISMA PRESUNCIÓN.
Quien invierte es presentado inicialmente como alguien que debe ser liberado. Quien recibe asistencia o utiliza un recurso público debe demostrar que lo merece.
La actividad empresarial se vincula con la autonomía; la acción colectiva, con la dependencia o el riesgo de irregularidad.
En un caso, la regulación aparece como una traba. En el otro, como una garantía.
En un caso, la ampliación de actores genera confianza. En el otro, la existencia de actores colectivos despierta sospechas.
Por supuesto, los talleres privados podrían brindar el servicio y competir libremente, como así también, las entidades que usan bienes municipales deben cumplir la ley. La diferencia no reside en que unos queden completamente libres y otros totalmente regulados. Está en la valoración política con la que se presenta cada intervención.
Eso es lo que convierte una discusión aparentemente administrativa en una discusión política. No porque toda exigencia legal esconda una persecución, sino porque las prioridades, las palabras y los actores seleccionados revelan una determinada distribución de la confianza.
La libertad prometida no es necesariamente falsa. Es una libertad diferenciada.
UNA DERECHA QUE NO ES SOLAMENTE LIBERTARIA.
La Libertad Avanza se define por las ideas de la libertad y reconoce como referencias a autores del liberalismo clásico, la Escuela Austríaca y el anarcocapitalismo. Pero su identidad política no puede explicarse únicamente por una teoría económica.
Su inserción internacional lo demuestra.
Javier Milei construyó vínculos con Donald Trump, Jair Bolsonaro, Vox, Giorgia Meloni y otras expresiones de la nueva derecha. Esas fuerzas no son idénticas.
Lo que las aproxima es una narrativa contra las élites políticas tradicionales, el progresismo, el feminismo, el ambientalismo y aquello que denominan “globalismo”. También comparten la reivindicación de la seguridad, la autoridad, la propiedad y la recuperación de un orden social que consideran amenazado.
Investigadores como Federico Merke y Gisela Pereyra Doval ubican a Milei dentro de esa derecha global por su conservadurismo cultural, su rechazo al globalismo y sus alianzas internacionales, aunque advierten que se trata de una familia heterogénea. Sus posiciones económicas y geopolíticas pueden ser muy diferentes. «CEBRI Journal».
Otros estudios utilizan expresiones como “libertarianismo de derecha” o “liberalismo autoritario” para analizar la combinación entre liberalización económica, debilitamiento de intermediaciones colectivas y fortalecimiento de herramientas coercitivas. El investigador argentino Hernán Borisonik, por ejemplo, estudia el vínculo entre libertarianismo de derecha, individualismo radical y soluciones tecnocráticas en el caso de Milei. «Springer en 2025».
LAS CATEGORÍAS AYUDAN, PERO NO DEBERÍAN REEMPLAZAR EL ANÁLISIS CONCRETO.
La libertad económica puede convivir con un conservadurismo que no tiene dificultades en utilizar el poder estatal. No para corregir desigualdades o ampliar derechos colectivos, sino para proteger determinadas instituciones, valores y jerarquías.
El objetivo no es eliminar el poder. Es reorganizarlo.
En ese esquema, el mercado no funciona solamente como mecanismo económico. También opera como criterio moral. Quien compite, invierte y asume riesgos aparece asociado con el mérito y la autonomía. Quien depende de una decisión colectiva o de una política pública queda más fácilmente vinculado con el privilegio, el gasto o la dependencia.
Se construye así una diferencia entre ciudadanos.
Por un lado, quienes serían capaces de desarrollarse si el Estado dejara de interferir. Por otro, quienes deben explicar por qué reciben una ayuda, utilizan un bien público o participan de una organización sostenida mediante recursos compartidos.
La selección política no se limita a decidir qué actividades se regulan. También define quién merece confianza y quién debe ser vigilado.
LIBERTAD, PERO NO TANTO.
Los dos pedidos presentados en Rauch permiten observar esa concepción en una escala pequeña, pero concreta.
La propuesta sobre la VTV deposita expectativas favorables en la incorporación de talleres privados. La apertura del mercado permitiría aumentar la oferta, reducir demoras y mejorar el acceso al servicio. Los nuevos prestadores parten de una presunción positiva: si cumplen los requisitos, la competencia hará el resto.
La petición sobre los predios municipales parte de otro lugar. Enumera ONG, cooperativas, cooperadoras, instituciones y grupos de personas, y los vincula con acuerdos verbales, falta de regulación y posibles demandas contra el Municipio. Sin embargo, no identifica un solo predio ni acompaña pruebas sobre las irregularidades que solicita corregir.
El pedido posee una base jurídica atendible. Si existen cesiones gratuitas y estables sin autorización del Concejo, deben regularizarse. También es razonable que el Municipio conozca quién utiliza sus bienes, con qué finalidad, durante cuánto tiempo y bajo qué responsabilidades.
Pero tener un argumento legal posible no convierte en comprobados los hechos denunciados. Y ser titular de un inmueble tampoco vuelve al Municipio automáticamente responsable de cualquier daño ocurrido allí.
Antes de afirmar la existencia de irregularidades, correspondía pedir información.
Un relevamiento sobre predios, organizaciones, convenios, habilitaciones y seguros hubiera permitido establecer si existe un problema, cuál es su alcance y qué casos requieren intervención. La presentación hace el recorrido inverso: supone la irregularidad y después solicita que sea corregida.
Ese orden también dice algo.
El análisis político no obliga a rechazar todas las propuestas de La Libertad Avanza. La apertura de nuevos talleres de VTV puede mejorar un servicio. La formalización de acuerdos municipales puede proteger el patrimonio público y brindar seguridad jurídica a las propias organizaciones.
Lo que corresponde discutir es el criterio con el que se construye cada problema.
¿Por qué frente a los actores privados se destacan la competencia y la eficiencia, mientras frente a las organizaciones colectivas se subrayan la informalidad y el riesgo? ¿Por qué las regulaciones aparecen como trabas cuando alcanzan al mercado y como garantías cuando recaen sobre otras formas de organización? Son preguntas políticas.
La Libertad Avanza no propone simplemente que el Estado desaparezca. Selecciona las áreas en las que debe retroceder, los intereses que debe proteger y las conductas sobre las que debe conservar autoridad.
Por eso, la aparente contradicción entre desregular la VTV y regular el uso de predios municipales no debe descartarse como una incoherencia ocasional. Expresa una frontera bastante definida.
De un lado quedan las libertades económicas que deben ser ampliadas. Del otro, las prácticas colectivas que deben demostrar su legitimidad.
Libertad, sí. Pero no para todos de la misma manera, no en todos los espacios y no bajo las mismas presunciones.
Libertad, pero no tanto.
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