Al conmemorarse este 30 de julio una nueva jornada internacional de concientización, el informe de tendencias 2026 revela que Argentina se ha consolidado como país de captación mientras el presupuesto nacional de 1.000 millones de pesos para asistencia permanece con ejecución cero.

En conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas este 30 de julio, fecha dedicada internacionalmente a la prevención de este delito, la Fundación Alameda presentó su informe «La Trata en Transformación» correspondiente al primer semestre de 2026. El documento advierte sobre un cambio estructural preocupante: Argentina, que históricamente era un país de destino, se ha transformado en un centro de captación de víctimas debido a la extrema vulnerabilidad social y la licuación de los salarios, que facilita el engaño con falsas ofertas laborales en el exterior.
La denuncia central del informe se enfoca en lo que describe como un «vaciamiento» de las políticas públicas. A pesar de que el Programa Nacional de Restitución de Derechos cuenta con un presupuesto asignado de 1.000 millones de pesos, el propio Estado nacional reconoció en pedidos de acceso a la información que no ha ejecutado un solo peso de dicho monto. Esta parálisis presupuestaria ocurre en un contexto donde los mecanismos de asistencia económica y patrocinio jurídico han quedado desarticulados o bajo un manejo opaco.
En términos de impacto, el informe señala que entre diciembre de 2024 y marzo de 2026 fueron rescatadas o asistidas 1.111 personas. Esta cifra representa una reducción respecto al promedio histórico de 1.200 rescates anuales que se mantenía desde 2008. Además, la infraestructura de respuesta es crítica: solo existen tres profesionales en psicología para coordinar la atención en salud mental en todo el país y se informaron apenas dos soluciones habitacionales concretas para víctimas en todo el periodo analizado.
El documento también destaca el avance de la «trata silenciosa» en el entorno virtual, donde las redes criminales utilizan algoritmos en plataformas como Roblox o TikTok para captar adolescentes. Asimismo, el uso de inteligencia artificial para generar deepfakes y la explotación sexual mediante streaming se consolidan como las nuevas fronteras del delito.
Ante este escenario, los especialistas judiciales subrayan que la lucha contra la trata no puede limitarse a la represión penal; es imperativo «seguir la ruta del dinero» y garantizar que el Estado no abandone su rol de asistencia integral para permitir que las víctimas reconstruyan sus proyectos de vida.
